El Decreto 0173, firmado el 24 de febrero de 2026 para recaudar recursos tras la crisis humanitaria dejada por el invierno, abrió un frente inesperado en el sector educativo. El gravamen, que crea un impuesto temporal del 0,5% sobre el patrimonio de empresas con activos superiores a 200.000 UVT (unidades de valor tributario), fue diseñado para empresas grandes, pero las universidades privadas quedaron atrapadas en la medida sin estar expresamente excluidas como sí ocurrió con el sector salud y las empresas de servicios públicos.

La Asociación Colombiana de Universidades ha levantado la voz para advertir sobre una consecuencia paradójica: en nombre de la equidad, se podría terminar reduciendo el acceso a educación en las zonas donde más se necesita. Aunque las universidades privadas son entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus ingresos en infraestructura, investigación y becas, muchas declaran renta y superan el umbral patrimonial que activa el impuesto. Esto significa que instituciones que operan con márgenes financieros muy ajustados tendrían que destinar recursos a este gravamen en lugar de invertirlos en la educación de sus estudiantes.

El padre Harold Castilla Devoz, Vicepresidente de ASCUN y Rector de UNIMINUTO, fue directo en su crítica: "gravar a las IES privadas revela una profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación". Para él, comparar universidades con empresas comerciales ordinarias desconoce que estas instituciones complementan al Estado donde la educación pública no llega, especialmente en territorios pobres. UNIMINUTO, por ejemplo, atiende a más de 90.000 estudiantes en 52 municipios, concentrándose en estratos 1, 2 y 3.

El tiempo juega en contra. El decreto entró en vigencia desde febrero, pero el 1 de marzo el Gobierno tomó una fotografía del patrimonio de todas las empresas para identificar obligados. Ahora, el 1 de abril vence el plazo para declarar y pagar la primera cuota del 50%, y el 4 de mayo llega la segunda cuota. ASCUN ha hecho un llamado urgente a abrir mesas de diálogo antes de esa fecha límite.

La inquietud del sector es clara: cuando una universidad debe destinar dinero a impuestos extraordinarios, ese dinero no va a becas, laboratorios, investigación ni infraestructura. Termina siendo una presión indirecta sobre las familias que dependen de estas instituciones, exactamente lo opuesto a lo que el decreto pretendía lograr en términos de equidad social.