El Gobierno acaba de meter la mano en los bolsillos empresariales con el Decreto 0173 de 2026, un nuevo impuesto temporal sobre el patrimonio de las grandes compañías. La medida busca juntar plata fresca para reparar la infraestructura destrozada y atender a las personas damnificadas por los recientes desastres climáticos que han golpeado al país. En otras palabras: como no hay presupuesto suficiente para la reconstrucción, el Gobierno le cobra a quienes más tienen.

La obligación cae sobre los hombros de empresas y sociedades que tengan un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), lo que equivale a aproximadamente 10.474 millones de pesos. Para que entienda: patrimonio líquido es el total de lo que posee una empresa menos lo que debe. El Gobierno mira directamente cuánto vale cada compañía al 1° de marzo de 2026 y listo, de ahí sale la deuda fiscal. No importa si tuvo ganancias o pérdidas ese año; si tiene esa riqueza acumulada, debe pagar.

Ahora bien, no todas las empresas ricas pagan lo mismo. El decreto establece dos tarifas. La mayoría pagarán un 0,5% sobre su patrimonio líquido. Pero hay sectores que cargan con una tasa más alta del 1,6%: los bancos y corporaciones financieras, las aseguradoras, los comisionistas de bolsa y especialmente las empresas de minería y energía dedicadas a sacar petróleo y carbón. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó esta diferencia diciendo que "esta diferenciación responde a la mayor capacidad contributiva y a la alta concentración de patrimonio en estos sectores, por lo que aportarán proporcionalmente una parte más alta del impuesto". En otras palabras: estos sectores son los que más concentran riqueza, así que cobran más.

El cálculo se hace sobre el patrimonio neto, aunque hay algunos descuentos permitidos como el valor de acciones en otras empresas nacionales. El Gobierno también puso trampas legales contra maniobras contables para que las empresas no disfracen sus números y paguen menos. El pago viene en dos cuotas: el 50% vence el 1° de abril de 2026 y la otra mitad el 4 de mayo. Todo se tramita ante la Dian con los formularios que esa entidad defina.

Aunque el impuesto apunta a las grandes empresas, hay excepciones importantes. Quedan libradas de pagar las del sector salud, aquellas intervenidas por el Estado y las de servicios públicos domiciliarios ubicadas en municipios donde se haya declarado calamidad pública. La idea es no castigar más a los sectores que ya están en crisis o que prestan servicios esenciales cuando el país enfrenta una emergencia.