A mediados de febrero, el Ministerio de Salud metió la mano en la estructura más crítica del sistema: sacó el Decreto 0182 de 2026, que reorganiza completamente cómo operan las aseguradoras de salud (las EPS) en el territorio nacional. La norma busca establecer límites geográficos para estas entidades y redistribuir sus usuarios. El problema es que lo intenta hacer en el peor momento posible.

Según los cálculos de Acemi, el gremio que agrupa a las principales aseguradoras, esta reorganización obligaría a Nueva EPS (una entidad que ni siquiera presenta estados financieros desde 2023 y que ya está en crisis) a recibir 2,6 millones de usuarios nuevos. Eso representa un aumento del 22,6% en su base de clientes. Otras aseguradoras bajo intervención estatal podrían recibir incrementos de hasta 40%. En cambio, las aseguradoras sanas perderían alrededor de 800.000 usuarios cada una. En total, 6,5 millones de colombianos serían movidos de una aseguradora a otra.

El problema es crudo: están obligando a aseguradoras que ya están quebradas a recibir más pacientes. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, lo plantea claramente: "Las entidades intervenidas no están preparadas operativa ni financieramente para recibir más usuarios". Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, va más lejos: dice que el decreto es directamente ilegal. Según él, una reorganización de esta envergadura no se puede hacer por decreto presidencial, sino que requiere una ley del Congreso. Además, advierte que trasladar pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o raras hacia EPS que no funcionan bien "los va a deteriorar en su atención".

Las clínicas, hospitales y consultorios privados tampoco salen bien librados. El decreto obliga a que el 60% de los gastos de las aseguradoras públicas vaya hacia hospitales estatales, dejando apenas un 40% para los prestadores privados. Eso significa redefinición de contratos, cancelaciones de acuerdos ya establecidos y más deuda entre aseguradoras y prestadores de servicios. Jorge Toro, presidente de la Unión de IPS (el gremio de clínicas y hospitales), es claro: "El decreto pone en alto riesgo la operación del aseguramiento en cada uno de los actores, pero el mayor damnificado es el usuario".

Todos los actores coinciden en algo: quizá la territorialización sea necesaria algún día, pero no ahora. "No le podemos trasladar casi tres millones de usuarios a la Nueva EPS cuando no está ni en condiciones de atender los 11,5 millones que tiene hoy", dice Toro. El panorama real es que mientras políticos y gremios debaten si el decreto es legal o ilegal, los pacientes van a enfrentar más barreras para acceder a medicamentos, tratamientos y servicios. Esos 6,5 millones de colombianos que serán reacomodados en el sistema de salud van a sentir en carne propia que algo no funciona.