En Bogotá volvió a encenderse la discusión sobre si hay que restringir el parrillero en las motocicletas como forma de combatir el crimen. Esta vez el debate ocurrió en la radio, en Rounds FM, y enfrentó a un concejal que apoya la medida contra la voz de quienes viven de la moto y la rechazan de frente.

De un lado está Rolando González, concejal de Cambio Radical, quien sostiene que restricciones puntuales en ciertas zonas de la ciudad podrían ayudar. Del otro, Alejandro Rubio Sabogal, presidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia, quien asegura que esta medida no funciona y le hace daño a familias trabajadoras que no tienen otra forma de vivir.

González lanzó un dato contundente: "de cada 10 delitos denunciados, nueve son cometidos por personas que van como acompañantes en moto". Por eso plantea no prohibir la moto en general, sino restringir su uso en polígonos específicos de la ciudad. Según él, en lugares donde se ha implementado esto, los delitos han bajado hasta un 30%. También reconoció que falta mejorar la vigilancia: hay 1.879 cámaras dañadas y la cobertura de videovigilancia apenas llega al 23%.

Pero Rubio Sabogal no se dejó convencer. Trajo el ejemplo de Cali, donde hace 18 años hay restricción para hombres mayores de 12 años y, a su juicio, la inseguridad sigue igual. "Las personas se mueven en moto por tiempo, por seguridad", explicó, cuestionando que una restricción al parrillero ataque el verdadero problema. Su preocupación es más urgente: "Van a afectar seriamente los ingresos de las familias de menos escasos recursos económicos que trabajan con la motocicleta".

Los dos dialogantes coincidieron en algo: hace falta más tecnología y control real. González admitió que hay fallas en vigilancia, mientras que Rubio Sabogal cuestionó por qué "donde están los mayores focos de delincuencia están cerca de algunas estaciones centrales de policía", dudando de la efectividad institucional.

Al final, González insistió en que la restricción sería temporal, focalizada y evaluada periódicamente, no una criminalización de los motociclistas. Pero Rubio Sabogal cerró con un llamado claro: hay que buscar otras alternativas que no cierren las puertas al sustento de miles de bogotanos.

Lo que quedó claro es que en Bogotá existe una tensión real sin resolver: cómo mejorar la seguridad sin cargar el costo sobre quienes menos tienen, en una ciudad donde el delito sigue siendo un problema sin soluciones definitivas.