En el video difundido por BLU Radio, una niña de 15 años que responde al alias Dayana aparece rodeada de armas de fuego en la selva del Catatumbo. No está en un aula de clases ni jugando con amigas. Está custodiada por hombres armados, fusiles apoyados en el suelo, radios transmitiendo órdenes que ella ya obedece. Sus manos se mueven nerviosas, sus ojos evitan la cámara. Habla, pero cada palabra parece controlada, cada gesto medido.

Dayana explica que era "enfermera" del ELN, como si ese término pudiera normalizar su participación en una guerra que no eligió. Fue reclutada por la organización guerrillera durante enfrentamientos en zona rural, pero después de una emboscada en Tibú, terminó en manos de las disidencias de las Farc. En el video, agradece a sus captores por no haberla matado. "Me están dando buen trato, mandarle un saludo a mi mamá", dice la menor. Intenta tranquilizar a su madre con un "Estoy bien", pero su mirada traiciona sus palabras. Hay una tensión incómoda entre lo que dice y lo que su cuerpo expresa: una adolescente sin libertad, convertida en trofeo de guerra.

El caso de Dayana no es aislado. En La Tebaida, Quindío, autoridades desmantelaron recientemente una red de reclutamiento vinculada a disidencias de Iván Mordisco. Capturaron a 21 adultos y rescataron a 12 menores que eran trasladados desde el Cauca hacia el Meta para fortalecer economías ilegales como la extorsión y el narcotráfico. Algunos de estos niños eran obligados a cometer asesinatos. Los rescatados ahora reciben protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mientras intentan recuperar lo que la guerra les arrebató: su infancia, su seguridad, su futuro.

Las cifras de este flagelo son alarmantes. En Colombia, cada 20 horas un menor es reclutado o utilizado por grupos armados. En los últimos cinco años, este crimen ha crecido un 300%. Entre 2019 y 2024 fueron arrancados de sus hogares más de 1.200 niños, niñas y adolescentes. Solo en 2025, casi la mitad de los casos documentados, el 47,1%, se atribuyen a las disidencias de Iván Mordisco. Le siguen otras disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y estructuras criminales que operan en territorios donde el Estado no llega o llega tarde.

Lo más preocupante es que estos números se quedan cortos. El reclutamiento forzado es un delito que se perpetúa en la sombra. Las familias guardan silencio por miedo. Las comunidades viven bajo presión constante. De 349 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde 2017, 299 advertían específicamente sobre riesgos de reclutamiento. El peligro está identificado, documentado, pero continúa.

Los métodos también han evolucionado. Ya no siempre llegan hombres armados a llevarse a los niños a la fuerza. Ahora ofrecen promesas: dinero, protección, pertenencia. Hay presiones silenciosas en escuelas, barrios y caminos rurales. Amenazas que no se ven pero que pesan. La guerra se volvió más sutil, pero no menos cruel.

Desde 1990, al menos 40.000 menores han sido reclutados en Colombia. Dayana es apenas uno de ellos, pero su mirada en ese video resume la tragedia: una adolescente que no eligió estar en la selva, sin armas en las manos pero con el peso de una guerra que no le pertenece. Mientras su madre espera noticias, ella sigue atrapada en un conflicto que nadie ha podido detener.