Hace poco más de una semana terminaban las campañas presidenciales. Eran las más intensas y polarizadas que se recuerdan en años recientes. Muchos en Colombia esperaban que con la elección de Abelardo De la Espriella como nuevo presidente, el país finalmente encontrara un camino hacia la reconciliación democrática. Pero la realidad ha sido otra: la brecha sigue abierta, y la campaña, al parecer, nunca acabó.

La nación permanece dividida entre quienes insisten en mantener vivo el conflicto político y quienes esperan, simplemente, que se comience a gobernar pensando en el país entero. Las recientes declaraciones del senador Iván Cepeda convocando a desobediencia civil, junto con el respaldo que el presidente Gustavo Petro expresó hacia esas movilizaciones, han vuelto a sembrar la incertidumbre en una Colombia que ya ha sufrido demasiadas confrontaciones. Es legítimo tener diferencias en una democracia, pero llamar a desconocer o poner en tensión las instituciones nunca debería ser la primera opción.

Uno de los puntos que genera más debate es la doble nacionalidad del presidente electo. Esta es una cuestión que corresponde resolver a la Constitución, las leyes y las autoridades competentes. No debe decidirse por presiones callejeras, consignas políticas ni tendencias en redes sociales. Lo curioso es que un asunto similar no generó la misma polvareda cuando el presidente Petro estaba en el poder. En ese momento, la oposición ejerció el control político desde el Congreso, presentó demandas cuando lo consideró necesario y acudió a las instituciones. Eso es, precisamente, lo que distingue a una democracia madura: aceptar las reglas del juego y canalizar los desacuerdos por vías constitucionales.

Lo preocupante es que algunos sectores parecen no aceptar el resultado de las urnas cuando les es adverso. Quien ganó las elecciones tendrá que responder por sus decisiones ante la historia, las instituciones y los ciudadanos. Si gobierna bien, merece reconocimiento. Si falla, la democracia tiene mecanismos para ejercer oposición y control. Así funciona una República. La legitimidad de un sistema democrático no puede depender de quién gane. Si ayer se exigía respeto por la voluntad popular, hoy ese mismo principio debe aplicarse con igual contundencia.

Colombia no necesita más trincheras políticas. Necesita dirigentes dispuestos a bajar la temperatura, a cambiar el lenguaje confrontacional y a pensar en las próximas generaciones. La historia es clara: ninguna nación progresa cuando sus líderes convierten la confrontación en forma de gobierno. Este país ya pagó un precio muy alto por la división. Insistir en ese camino sería repetir los errores del pasado, prolongando el abandono y la pobreza en regiones como La Guajira y tantas otras periferias donde el hambre sigue golpeando a las familias colombianas.