El Instituto Nacional de Salud (INS), la principal autoridad técnica en salud pública del país, enfrenta una crisis laboral tras las denuncias públicas de trabajadores y organizaciones sindicales sobre acoso laboral, deterioro del clima organizacional y afectaciones a la salud mental de sus funcionarios.

La situación se hizo visible en mayo de 2026 cuando tres servidores públicos del INS, Alba Lucía Triana Cortés, Katherine Dayanna Laiton Donato y Carlos Esteban Muñoz Franco, enviaron una comunicación a medios de comunicación denunciando lo que consideran una problemática estructural. Según el documento, durante el último año varios trabajadores han presentado quejas formales relacionadas con presuntas conductas de acoso laboral y afectaciones emocionales derivadas del ambiente de trabajo. Actualmente existen diez quejas interpuestas por servidores públicos que consideran estar siendo víctimas de estas prácticas.

Los denunciantes aseguran que la administración del INS estaría condicionando las medidas para proteger la salud mental de los trabajadores a la existencia de castigos disciplinarios ya ejecutados. Según afirmaron, esto va en contra de las obligaciones legales de prevenir el riesgo psicosocial (es decir, los factores del trabajo que pueden afectar emocionalmente a los empleados). "Su administración supedita la adopción de medidas preventivas a la existencia de sanciones disciplinarias ejecutoriadas, dejando de lado el deber jurídico de identificar, intervenir y mitigar oportunamente los factores de riesgo que puedan afectar la salud mental, la dignidad, la integridad y el bienestar de los trabajadores", indicaron los funcionarios.

Los denunciantes también destacan una contradicción: mientras el INS realiza campañas institucionales sobre bienestar y salud mental, varios de sus trabajadores han tenido que solicitar acompañamiento psicológico o psiquiátrico y reubicaciones laborales por afectaciones emocionales relacionadas con el trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) sumó sus voces a las denuncias el 24 de abril de 2026, alertando sobre presuntos hechos de persecución sindical contra integrantes de Asintracs, la organización sindical con presencia en el INS. La CGT aseguró que la apertura de procesos disciplinarios contra dirigentes sindicales haría parte de un "patrón de hostigamiento institucional" en el que el poder disciplinario estaría siendo utilizado como mecanismo de presión contra la actividad sindical. La central obrera también denunció que nueve de los doce integrantes de la junta directiva de Asintracs serían víctimas de presunto acoso laboral o de procesos disciplinarios. Además, cuestionó la designación de Andrea Ramírez Angarita como coordinadora de Talento Humano, pese a haber sido denunciada en cinco quejas por presunto acoso laboral.

Los organismos de control ya se han puesto en movimiento. La Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia preventiva "inmediata y prioritaria" tras una solicitud radicada en abril de 2026, y en mayo la Procuraduría Delegada Preventiva informó sobre una vigilancia con perspectiva de género. Por su parte, Asintracs presentó una querella ante el Ministerio del Trabajo por presuntas vulneraciones a la normatividad laboral y posibles omisiones en la gestión del riesgo psicosocial.

Los funcionarios que iniciaron las denuncias aclararon que no buscan afectar al INS, sino abrir un debate público: "No buscamos afectar injustamente el buen nombre del Instituto Nacional de Salud ni desconocer su importancia para el país. Precisamente por tratarse de la principal autoridad técnica en salud pública de Colombia, resulta indispensable abrir un debate serio y coherente sobre la salud mental y las condiciones laborales dentro de la propia institución". Hasta el momento, el INS no ha emitido una respuesta oficial a estas denuncias.