La máxima autoridad judicial en materia penal en Colombia cerró la puerta a cualquier esperanza legal que le quedara al exsenador Luis Alberto Gil Castillo. La Corte Suprema de Justicia ratificó los 54 meses de cárcel en su contra por delitos que van desde concierto para delinquir agravado hasta cohecho propio y tráfico de influencias como servidor público.

La Sala de Casación Penal fue contundente en su análisis: confirmó que Gil Castillo participó en acciones ilícitas coordinadas con otras personas para intervenir de manera irregular en procesos que se adelantaban ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, según lo que estableció el tribunal, el exsenador habría estado metido en maniobras que buscaban afectar el desarrollo normal de procesos judiciales mientras obtenía beneficios económicos.

El tribunal dejó constancia de que el excongresista realizó gestiones inapropiadas directamente ante Carlos Julián Bermeo Casas, quien era fiscal de la JEP en ese momento. El propósito, según la investigación, era favorecer a personas que estaban siendo investigadas en esa jurisdicción de transición. Las acciones no paraban ahí: también buscaba influir sobre otros funcionarios de la JEP para modificar decisiones judiciales, situación que conectaba incluso con el caso del exjefe guerrillero Seuxis Pausias Hernández Solarte.

En la sentencia definitiva, la Corte Suprema fue clara al señalar que durante todo el proceso no encontró vulneración alguna de los derechos ni las garantías judicales del exsenador. Por eso decidió mantener intacta la condena que ya había sido impuesta en su contra, cerrando así cualquier posibilidad de recurso en esta instancia.