La Corte Suprema tomó una decisión que sacude al Congreso colombiano justo cuando está a punto de reanudar sesiones. Este miércoles la Sala de Primera Instancia acusó a cinco congresistas y un exparlamentario por el delito de cohecho impropio en el escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Dos de los acusados, Wadith Manzur y Karen Manrique, fueron ordenados a prisión inmediatamente. Lo particularmente delicado es que ambos fueron reelectos apenas hace algunos días, el pasado 8 de marzo, con significativas votaciones.

Los hechos investigados ocurrieron durante la segunda mitad de 2023, cuando Manzur y Manrique, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían recibido ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. A cambio de permitir que ciertos créditos avanzaran en los trámites legislativos, según la investigación, estos congresistas habría comprometido sus funciones. Karen Manrique ya se entregó en las instalaciones de la Sijín en Tame, Arauca. Wadith Manzur se espera que sea capturado en las próximas horas.

El tribunal supremo encontró evidencia de que en varios encuentros documentados se definieron los montos con los que el ejecutivo beneficiaría a estos legisladores. La contraprestación acordada habría sido impulsar la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de gestión del riesgo en Córdoba, Arauca y Bolívar, con un valor cercano a los 92 mil millones de pesos. Para la Corte, esto constituye cohecho impropio, que conforme al Código Penal, "ocurre cuando un servidor público acepta dinero, utilidad o promesa que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento".

Las pruebas provienen principalmente del testimonio del exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Durante un interrogatorio ante la fiscal María Cristina Patiño el 12 de junio de 2024, López explicó que Manrique fungió como enlace entre el Gobierno y el Congreso para gestiones relacionadas con el riesgo. Luego surgió la necesidad de reemplazarla, rol que asumió Manzur junto a María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien se encuentra preso por este caso.

López relató que el 15 de diciembre de 2023 contactó mediante videollamada a Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD, desde el despacho del ministro para poner al tanto de las reuniones, participantes e instrucciones. López aseguró que registró sus comunicaciones con Pinilla a través de WhatsApp como forma de dejar evidencia de lo acordado. Las negociaciones, explicó, se realizaban en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances.

Karen Manrique respondió en su momento a los señalamientos diciendo que "es incoherente que se me acuse, en mi calidad de representante de víctimas, como agente intermediaria de un grupo al margen de la ley, lo cual creería que se debe a una estigmatización que pesa sobre quienes provenimos de los territorios que han estado sumidos en el conflicto armado". Sin embargo, las pruebas presentadas ante la Corte han resultado contundentes en su contra.

Con estas acusaciones, Manzur y Manrique se suman a una larga lista de investigados en un escándalo que ha sacudido al Gobierno Petro de arriba hacia abajo. La decisión llega en un momento crítico, pues el Congreso elegido en 2022 está a días de reanudar sus últimas sesiones. La Corte notificará al Congreso para que los investigados sean suspendidos de sus cargos y no puedan posesionarse.