A una semana de sus capturas dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD, los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique permanecen recluidos en el búnker de la Fiscalía General, en una situación que ha generado molestia en la rama judicial. El magistrado Misael Rodríguez, quien dirige el caso, tomó cartas en el asunto y envió un requerimiento urgente al Inpec exigiendo que establezca de inmediato en qué centros carcelarios irán los parlamentarios y que ejecute su traslado. Lo curioso es que la orden de prisión ya contemplaba su reclusión en un establecimiento formal desde el momento de la captura, pero la logística carcelaria no ha avanzado como debería.

El Inpec trabaja internamente para definir los espacios disponibles. Para Manzur se analiza la posibilidad de trasladarlo a La Picota, una de las penitenciarías tradicionales donde recluyen a procesados por delitos contra la administración pública. Con Manrique el panorama es distinto. Su defensa, representada por el abogado Andrés Garzón Roa, ha solicitado que sea trasladada a un centro de reclusión intramural "con las medidas necesarias para procurar su seguridad", haciendo énfasis en las "recurrentes amenazas" de las que ha sido víctima y que ya conoce la Corte. Las autoridades penitenciarias evalúan opciones que brinden protección especial para la congresista.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema fue categórica en los argumentos para enviarlos a la cárcel. Encontró "múltiples pruebas recaudadas" que apuntan a una red de "negociación criminal" entre funcionarios del Ejecutivo y miembros del Legislativo, donde habría habido intercambio de contratos y recursos públicos a cambio de apoyo político a decisiones del Gobierno. Las declaraciones de María Alejandra Benavides Soto, Sneyder Pinilla y Olmedo López fueron clave para entender el papel de liderazgo que Manzur y Manrique ejercieron en esa estructura delictiva investigada.

Para los magistrados, dejar a estos dos en libertad sería un riesgo para la comunidad. No se trata de actos aislados, sino de lo que la Corte describe como una práctica institucional establecida de "mercantilización de la función pública". Los jueces también advirtieron que ambos mantienen influencia política y redes que les permitirían activar canales de coordinación ilegales incluso por fuera de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde ocurrieron muchas de las maniobras investigadas.

Lo paradójico es que Manzur y Manrique fueron reelegidos el pasado 8 de marzo, a pesar de las denuncias y señalamientos por haber cambiado sus votos a favor de los intereses del Gobierno a cambio de millonarios contratos. Esa reelección, en medio del escándalo, fue uno de los capítulos más polémicos de las elecciones legislativas pasadas.