La Procuraduría General de la Nación decidió poner toda su artillería investigativa sobre la mesa. Tras conocer de un presunto caso de violencia sexual contra un menor ocurrido en el norte de Bogotá, la entidad designó una agencia especial en asuntos de familia y convocó a un procurador especializado en materia penal para que dirijan todas las diligencias y el seguimiento del caso.

Pero la preocupación del Ministerio Público va más allá. A través de su Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, también está revisando minuciosamente los procesos de adopción de tres menores de 4, 7 y 15 años. Estos niños, que se encontraban bajo protección del Estado, aparentemente estaban en trámites para ser adoptados por una pareja de ciudadanos estadounidenses.

Lo que tiene en alerta a los investigadores es verificar si realmente se cumplieron todos los protocolos y mecanismos de seguimiento que deben aplicar las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección, mejor conocidas como IAPAS. También quieren establecer si los defensores de familia y demás funcionarios responsables actuaron conforme a la ley en los procesos de restablecimiento de derechos y adopción.

Por ahora, la Procuraduría aguarda los informes de la Fiscalía, Medicina Legal y las demás autoridades competentes para tener un panorama completo. Mientras tanto, recuerda que el ICBF, como máxima autoridad en materia de adopciones, tiene la responsabilidad de supervisar y vigilar a las IAPA y todos los procesos relacionados con la protección de menores declarados en adoptabilidad.