El nombre de Jorge Eduardo Pérez Bernier volvió a sonar fuerte en La Guajira esta semana, pero no por una sola razón. Dos decisiones de altas cortes lo tienen en el centro del debate público, cada una avanzando por su propio camino. Una le devuelve la libertad de forma inmediata, pero la otra mantiene viva una investigación penal por hechos que remontan años atrás.

En primer lugar, la Corte Constitucional acaba de ordenar su liberación al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso. La corte dejó sin efecto la orden de captura inmediata que había dictado la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí viene lo importante: esta libertad no borra nada. La Corte fue clara en aclarar que su decisión no anula la condena de 22 años ni significa que lo hayan absuelto. Solo está diciendo que la forma como lo metieron preso fue irregular, antes de que la sentencia quedara en firme.

Pérez Bernier fue capturado el 10 de abril de 2025 después de que la Corte Suprema lo condenara por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado a favor de terceros. Todo se remonta al contrato 770 de 2009, firmado durante su administración. El acuerdo entre la gobernación de La Guajira y la Unión Temporal del Norte buscaba ejecutar obras de infraestructura educativa en varios municipios, pero terminó cuestionado por presuntas irregularidades. Según los investigadores, el contrato fue adjudicado sin estudios técnicos suficientes, sin viabilidad y con fallas de planeación. El detrimento patrimonial superó los 24.000 millones de pesos, con sobrecostos, obras inconclusas y materiales cobrados que nunca se utilizaron.

Ahora bien, la Corte Constitucional le exigió a la Sala Especial de Primera Instancia que en máximo 48 horas presente una nueva decisión. Esa providencia debe explicar con argumentos sólidos si realmente es necesario mantener privado de la libertad a Pérez Bernier antes de que su condena quede ejecutoriada. Mientras tanto, el exgobernador espera poder recuperar su libertad. Tiempo atrás manifestó: "Dios es justo. No actué en contra de la ley, fui serio, participativo y honesto. El pueblo de La Guajira sabe que lo único que hice fue trabajar con amor por esta tierra".

Pero la historia judicial de Pérez Bernier no termina ahí. Mientras se discute su libertad en el caso del contrato 770, otro proceso avanza en paralelo por hechos relacionados con el contrato 487 de 2001. Este acuerdo fue suscrito con la Unión Temporal CV-ICG para obras del Plan Maestro de alcantarillado sanitario en Riohacha. El contrato comenzó con un valor inicial de más de 2.100 millones de pesos en enero de 2002, pero tras varias suspensiones, en 2006 se registró que tenía ejecución del 0 por ciento, a pesar de que ya se había pagado el 50 por ciento de anticipo.

El drama se intensificó cuando, siendo Pérez Bernier gobernador, en diciembre de 2010 se firmaron dos adiciones al contrato. Una amplió el plazo de ejecución por seis meses y la otra aumentó el valor contractual en más de 1.500 millones de pesos. Con eso, el contrato llegó a casi 3.700 millones de pesos totales y se hizo un nuevo desembolso de casi 789 millones pesos al contratista. La justicia investiga si todo eso fue legal. Este proceso penal continúa por los mismos delitos: peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Así las cosas, Jorge Pérez Bernier enfrenta dos escenarios judicales completamente distintos. En uno ya tiene una condena de 22 años en firme, aunque ahora debe revisarse cómo se ejecutará. En el otro, un proceso sigue avanzando ante la Corte Suprema por hechos que sucedieron hace más de una década. La libertad que ordena la Corte Constitucional cambia su situación personal de hoy, pero no elimina la condena ni detiene los demás procesos que siguen su curso en los juzgados.