La contratación directa se convirtió en el atajo perfecto para que el dinero de los colombianos desaparezca de la vista. Así lo señala un veedor ciudadano que ha intentado seguir el camino del gasto público en entidades de economía mixta, solo para encontrarse con un laberinto de documentos ocultos, publicaciones tardías y responsables que se desvanecen en subcontrataciones. Lo que debería ser un trámite sencillo en una democracia se volvió una carrera de obstáculos donde la información no circula como promete la ley.

El problema real no es que existan causales legítimas para contratar de forma directa. El asunto es cómo esa herramienta se usa como túnel de opacidad. Se firman acuerdos rápido, se publican tarde o incompletos, se fragmenta la información en anexos imposibles de descifrar, y luego el negocio real se traslada a subcontratistas que el ciudadano nunca ve. Allí, en esa penumbra, es donde florece lo que se conoce como el contratadero.

Colombia tiene una regla clara: publicar en el Secop los documentos de los procesos de contratación dentro de tres días después de su expedición. La Agencia Nacional de Contratación Pública insiste en que esto es obligatorio porque se trata de plata de los contribuyentes que deben conocer. Pero la realidad muestra que las entidades estatales, especialmente las sociedades de economía mixta, encontraron la forma de burlar este requisito. Contratan de forma directa con otras entidades públicas o privadas que actúan como intermediarios para mover la contratación hacia esquemas menos visibles y menos competitivos.

Casos concretos lo demuestran. La Procuraduría investigó al Fondo Mixto Sierra Nevada por irregularidades en la ejecución de recursos públicos, mientras que la Fiscalía destapó presuntas maniobras en la Asociación Regional de Municipios del Caribe. Dos figuras jurídicas diferentes, pero con la misma finalidad: crear vehículos legales que permitan hacer sin control lo que la Ley 80 prohíbe expresamente. El Estado ya vio el humo, y cuando hay humo en contratación pública, la obligación democrática es despejar el cuarto, no apagar la alarma.

El nuevo Congreso que se reúne el próximo 20 de julio tiene una tarea incómoda pero urgente: cerrar esta autopista de la opacidad. Se necesita una reforma que haga tres cosas sin ambigüedades. Primero, que toda contratación con recursos públicos pase por un estándar único y verificable donde los documentos sean completos, la cronología clara y la trazabilidad de subcontratos sea obligatoria. Segundo, que se endurezcan los límites a la contratación directa cuando se use como puente para tercerizar la selección del ejecutor. Si es directa, el control y la publicidad deben duplicarse, no reducirse. Tercero, que las sociedades de economía mixta queden obligadas a publicar y rendir cuentas con los mismos estándares de cualquier entidad estatal.

El país no tiene un problema de corrupción, sino de arquitectura normativa que convierte la corrupción en un negocio perfectamente estructurado. Menos discrecionalidad, más competencia, más publicidad, más sanción. Ese es el camino. Y, sobre todo, más respeto por el ciudadano que paga los impuestos.