La Contraloría de Bogotá encendió las alarmas sobre un proyecto de energía limpia que terminó siendo un agujero negro para las finanzas capitalinas. La entidad de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Enel Colombia por el parque eólico Windpeshi, que debía convertirse en una bandera de la transición energética en La Guajira pero se quedó a mitad de camino. El presunto detrimento al patrimonio distrital ronda los 313.276 millones de pesos.

El Distrito Capital está en el ojo del huracán porque aunque no financia directamente la obra, es accionista mayoritario de Enel a través del Grupo de Energía de Bogotá, con una participación cercana al 42 por ciento. Eso significa que cualquier desastre financiero de la empresa golpea directamente el bolsillo de Bogotá. La Contraloría tomó la decisión tras investigar a fondo y encontrar un panorama desalentador: múltiples fallas en la planeación y ejecución que pusieron en riesgo esos recursos públicos.

Los números hablan solos y son bastante elocuentes. Para marzo de 2022, el proyecto apenas iba en el 29,6 por ciento de avance, cuando debería haber alcanzado el 33,7 por ciento. Pero eso fue lo de menos. También hubo demoras importantes en los trámites ambientales y sobrecostos que desajustaron todo el cronograma original. La cosa se puso crítica en mayo de 2023, cuando las obras fueron suspendidas indefinidamente sin que el parque hubiera generado un solo kilovatio.

De las 41 cimentaciones que se suponía construirían, solo levantaron siete. Los aerogeneradores que iban a producir la energía jamás fueron instalados y hoy están almacenados, perdiendo valor sin utilidad alguna. La Contraloría lo resumió así: "No se materializó la finalidad prevista con la inversión efectuada". Eso significa que la plata se fue sin retorno y el proyecto quedó convertido en un elefante blanco en La Guajira.

Ahora la investigación fiscal buscará determinar quiénes fueron los responsables de la planeación, ejecución y las decisiones clave dentro del proyecto, así como establecer el daño real a los recursos públicos distritales. Windpeshi se convirtió en un símbolo de los riesgos que corren las grandes inversiones cuando no hay una supervisión eficaz. El fallo de la Contraloría podría marcar un antes y un después en la forma como se evalúa la responsabilidad fiscal de proyectos estratégicos en el país.