La Contraloría volvió a sonar las campanas de alerta sobre el Programa de Alimentación Escolar. Esta vez, el ente de control encontró evidencia de un problema que va más allá de unos cuantos casos puntuales: las manipuladoras de alimentos que preparan las raciones para los niños en las escuelas enfrentan condiciones laborales precarias mientras los dineros públicos se pierden en sobrecostos y malas prácticas administrativas.

Los números hablan solos. Entre 2024 y 2025, la Contraloría recibió 1.069 peticiones de ciudadanos sobre problemas en el PAE. De esas, al menos 312 denuncian afectaciones laborales como retrasos en los pagos y contratos inestables. Más preocupante aún: cerca de 50 quejas se enfocaban específicamente en las condiciones de estas trabajadoras. Como señaló el comunicado oficial de la entidad, "cerca de medio centenar de estas denuncias hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que permite advertir un patrón que trasciende lo anecdótico y se configura como una alerta relevante sobre riesgos tanto en la garantía de derechos laborales, como en la adecuada ejecución de los recursos públicos".

El problema tiene un culpable identificado: los esquemas de contratación por periodos muy cortos, cercanos a los cuatro meses. Con esta estrategia, los operadores fragmentan la relación laboral y, según la Contraloría, "podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y diluir las obligaciones asociadas al reconocimiento integral de derechos, particularmente en lo relacionado con la afiliación y el pago de la seguridad social". Así evitan pagar seguridad social completa y despiden sin consecuencias cuando el contrato vence.

Mientras tanto, el dinero público desaparece. En auditorías realizadas durante 2025, se encontraron alrededor de 30 hallazgos a nivel nacional, y en 20 de ellos hay presunta incidencia fiscal por más de 18.600 millones de pesos. El panorama es aún más grave si se mira hacia atrás: entre 2022 y 2025, se acumulan 149 hallazgos por 49.662 millones de pesos. El 67 por ciento corresponde a sobrecostos, es decir, los operadores están cobrando más de lo que realmente gastan. Las regiones Centro Oriente y Caribe son las más afectadas, con pérdidas de 13 mil y 11 mil millones respectivamente.

La Contraloría hizo un llamado directo al Ministerio del Trabajo para que inspeccione y verifique el cumplimiento de normas laborales en el programa. También pidió a entidades territoriales y operadores que tomen medidas urgentes para garantizar condiciones dignas y transparencia en el uso de recursos. Sin embargo, este no es el primer grito de alerta del ente de control. A inicios de febrero ya había denunciado hallazgos fiscales por más de 53.117 millones de pesos en el PAE, con sobrecostos por 18.106 millones de pesos y pagos sin comprobación por 2.790 millones.

La situación pone en evidencia una realidad incómoda: mientras los niños y niñas colombianos esperan recibir una alimentación nutritiva en las escuelas, detrás de esas raciones hay trabajadoras mal pagadas, sin protección laboral, y operadores que se quedan con dinero que nunca llega a la comida ni a los salarios justos.