Los supervisores de contratación de la Universidad Industrial de Santander, Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes, avalaron como satisfactorios los informes de actividades de Juliana Guerrero. Pero lo que sucedió después revela un panorama preocupante: lo que Guerrero supuestamente entregó para demostrar que había hecho su trabajo no coincide con lo que realmente quedó registrado.

Según una denuncia de la congresista Jennifer Pedraza y una alerta de la Contraloría, los documentos que Guerrero presentó como evidencia de sus actividades de gestión territorial, acompañamiento a protestas sociales y socialización del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida son insuficientes. En lugar de los informes detallados sobre conflictividad que debería haber elaborado, solo quedaron listas de asistencia a reuniones con muy pocas personas. Una de esas listas, fechada el 12 de noviembre de 2023, muestra cinco participantes: un asesor, un comunicador, un vocero y tres contratistas. Dos de esos nombres llaman la atención: Juliana Guerrero, quien representaba al Ministerio del Interior, y Verónica Guerrero, su hermana.

El primer contrato, firmado el 1 de noviembre de 2023, fue por 9 millones de pesos. Incluía obligaciones claras: elaborar informes de seguimiento sobre conflictividades sociales, acompañar a entidades territoriales en la prevención de conflictos, participar en procesos de articulación interinstitucional y promover la socialización del sistema de convivencia. El problema es que en los archivos entregados no reposan esos informes, ni hay fotografías que demuestren el acompañamiento a protestas o talleres de socialización con las comunidades. Tan solo aparecen listas de asistencia y un documento Excel como "prueba" de una actividad de monitoreo.

El segundo contrato, suscrito en enero de 2024 por 3 millones de pesos, tenía objetivos similares. Aunque en los documentos se asegura que Guerrero "acompañó el monitoreo de la protesta social, brindando soporte a entidades y unidades territoriales frente a diversos conflictos sociales", en la carpeta de evidencias enviada tras un derecho de petición no aparece el informe sobre fenómenos de conflictividades sociales que se suponía debería existir. Las fotos de reuniones con Juntas de Acción Comunal no muestran a Guerrero, aunque sí aparece en fotografías tomadas dentro del Ministerio del Interior.

La Contraloría fue enfática en su conclusión: aunque los supervisores certificaron que todo estaba cumplido, "esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa". El organismo de control advirtió que de no presentarse los documentos prometidos, podría configurarse un presunto daño fiscal.

Pedraza no dejó pasar el asunto en silencio. Reaccionó públicamente señalando que "lo más descarado de esto" fue que Guerrero "puso a su hermana a firmar una planilla de asistencia y pasó eso como evidencia de trabajo". La congresista destacó que Guerrero mantiene cargos en instituciones académicas a pesar de estos cuestionamientos.

Los problemas de Guerrero no se limitan a los contratos de la UIS. Este viernes, la Fiscalía General imputará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con irregularidades en sus títulos presentados ante la Universidad San José. La fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera explicó que los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que Guerrero acreditó para posesionarse como viceministra de Juventudes fueron expedidos sin cumplir requisitos legales. "La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso", afirmó Jaramillo Rivera.