La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación disciplinaria contra posibles irregularidades en la ejecución de contratos para la construcción de 900 viviendas de interés prioritario en Cesar y La Guajira. En la mira están Jaime Alberto Pardo Parra y Víctor Hugo Macea Buelvas, quienes trabajaron como gerentes del contrato interventor de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, ENTerritorio. El Ministerio Público quiere saber si existieron fallas en el seguimiento y control de las obras que causaron los retrasos.

Según lo que se conoce, las presuntas irregularidades apuntarían a incumplimientos contractuales, retrasos en la ejecución, debilidades en la supervisión e interventoría, y ampliaciones de plazos sin que se aplicaran sanciones efectivas frente a los incumplimientos. Todo esto habría generado demoras considerables en la entrega de las viviendas a las familias que las necesitaban.

Lo que pesa sobre este proyecto es que se trata de viviendas de interés prioritario, dirigidas a familias que requieren soluciones habitacionales dignas. Los retrasos en este tipo de obras generan preocupación real porque afectan directamente a comunidades que llevan tiempo esperando tener un hogar seguro. Por eso la investigación busca establecer el estado real de las obras, los avances alcanzados y las razones que impidieron su entrega a tiempo.

La Procuraduría también revisará la actuación contractual relacionada con cinco contratos de obra que están vinculados a la construcción de las 900 viviendas. El propósito es determinar si existieron omisiones, falta de control o decisiones administrativas que afectaron el desarrollo normal del proyecto. Según el ente de control, el proyecto aún se encuentra en ejecución, lo que significa que la investigación también tendrá en cuenta el estado actual de los trabajos.

Con esta investigación, la Procuraduría busca establecer responsabilidades y garantizar claridad frente a una obra de alto impacto social para ambos departamentos. El proceso apenas comienza y serán las pruebas las que determinen si hubo faltas disciplinarias que merezcan consecuencias.