El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, encendió una luz de alerta sobre cómo el Gobierno está usando su dinero en tiempos de crisis. En una rueda de prensa, pidió que antes de declarar emergencias económicas, se haga un análisis exhaustivo de qué recursos están efectivamente disponibles para usarlos ya, sin necesidad de medidas excepcionales.

El punto central es sencillo de entender: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocida como UNGRD, tiene presupuestados 2,6 billones de pesos. Pero el dinero presupuestado no es lo mismo que dinero que pueda gastarse mañana. Rodríguez insistió: "El Ejecutivo tiene la responsabilidad de generar los recursos necesarios para atender la emergencia. Lo que estamos solicitando es un barrido juicioso de los recursos comprometidos, que permita establecer qué porcentaje está realmente disponible para responder de manera inmediata". En otras palabras, necesita saber cuánto de esos 2,6 billones ya está comprometido en otros gastos y cuánto queda libre.

El contralor fue claro en aclarar que no está en contra de gastar dinero para atender la crisis en Córdoba por las inundaciones. Lo que le preocupa es que el Gobierno quiera financiar estas emergencias con impuestos nuevos que se cobrarán después, cuando el dinero se necesita ahora. "Los recursos para Córdoba no pueden depender de un tributo futuro que eventualmente se recaude; deben estar disponibles ahora", señaló.

Aquí entra el segundo reproche: los desastres por inundación no sorprenden a nadie cada año. Sin embargo, la UNGRD actúa como si fueran imprevistos. "Las inundaciones se presentan todos los años y deben estar previstas dentro de una adecuada planificación", criticó Rodríguez. Esto significa que si llueve cada año en los mismos lugares, ¿por qué no se presupuesta dinero preventivo de forma permanente en lugar de correr a pedir emergencias?

Rodríguez también aprovechó para recordar los límites reales de su poder. La Contraloría no puede frenar decisiones del Gobierno ni debe autorizar gastos. Su trabajo es vigilar después y, si encuentra irregularidades, abrir procesos de responsabilidad fiscal. "Puede haber decisiones que sean constitucionales y legales, pero no necesariamente convenientes", explicó, para dejar claro que lo legal no siempre es lo más inteligente con el dinero público.

Además, el contralor manifestó preocupación por cómo está el sector salud. Mencionó que cuando el Gobierno interviene empresas prestadoras de servicios de salud como la Nueva EPS, asume responsabilidades directas, pero hay riesgo de que "la cura resulte peor que la enfermedad". Pidió transparencia: si las entidades no entregan información financiera clara, es imposible auditar correctamente cómo gastan la plata.