La idea de replantear completamente la estructura de gobierno de una universidad pública mediante una constituyente universitaria dejó de ser un debate exclusivo de la Universidad Nacional. Ahora está ganando terreno en otras instituciones del país, y hay un patrón que llama la atención: en tres de estas cuatro universidades, los rectores que impulsan la iniciativa fueron puestos directa o indirectamente por el Gobierno nacional.

En la Nacional, Andrés Felipe Mora, rector encargado tras la salida de Leopoldo Múnera, ha defendido la constituyente como un mecanismo para "democratizar" la universidad y replantear su estructura interna. En la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco asumió la rectoría luego de una intervención directa del Ministerio de Educación en una disputa del Consejo Superior, y desde entonces ha mencionado la posibilidad de impulsar una constituyente. En la Universidad de Antioquia, Héctor Iván García llegó al cargo hace pocas semanas cuando el Gobierno lo designó como encargado al retirar a John Jairo Arboleda, y ya ha abierto la puerta a discutir esta idea. Respecto a la Universidad Pedagógica Nacional, aunque se reportó que su rector Helbert Augusto Choachí defendía la propuesta, la institución aclaró que no está impulsando un proceso constituyente de este tipo.

Lo que los promotores plantean va mucho más allá de ajustes administrativos. Según explicó en su momento Leopoldo Múnera, el objetivo es "redefinir la composición de los cuerpos colegiados, desde luego respetando las competencias que hay" e implica cambiar cómo se designan rector, decanos y jefes de departamento, transformar el porcentaje de participación de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados, entre otros aspectos. Sin embargo, esto ha generado críticas fuertes. El analista y exsecretario de Educación Francisco Cajiao fue directo al advertir que "hablar de constituyente universitaria ya es un contrasentido" y señaló que "se puede hablar de cogobierno, de aumentar los mecanismos de participación. Pero acá no se está constituyendo nada". Cajiao también alertó que modificar la elección de rector o los órganos de dirección por esta vía "puede traer resultados muy negativos".

En la Universidad Nacional, donde es el único proceso en marcha hasta ahora, los números empiezan a preocupar. La institución ha destinado más de 260 millones de pesos del presupuesto para financiar y difundir la constituyente, dinero que incluye logística, comunicaciones, eventos y actividades pedagógicas. Esto mientras la universidad arrastra déficits históricos en infraestructura, bienestar estudiantil y fortalecimiento de profesores. Más problemático aún es que solo el 8 por ciento del censo estudiantil participó en las primeras votaciones del proceso, una cifra que pone en duda si la constituyente representa realmente la voluntad de la comunidad universitaria o si está siendo impulsada solo por grupos organizados con alta capacidad de movilización.

A pesar de las críticas y la baja participación, el proceso continúa. El Consejo Superior de la Nacional aprobó su inicio formal y la administración sigue insistiendo en que es necesario para democratizar la institución. Pero la combinación del alto costo económico, la escasa participación estudiantil y el alcance radical de los cambios propuestos ha convertido esta constituyente en un punto de tensión que trasciende los campus y plantea preguntas fundamentales sobre hacia dónde va el gobierno universitario en Colombia.