El Consejo Gremial Nacional salió a defender un principio que para ellos es fundamental: que los decretos de emergencia no se conviertan en atajos para reformas económicas de largo plazo. Aunque reconocen la gravedad de la ola invernal que azota varias regiones del país, consideran que hay una línea que no debería cruzarse.

El gremio tiene clara la diferencia entre lo urgente y lo estructural. Según su comunicado, la emergencia climática "demanda respuestas inmediatas del Gobierno, no transformaciones estructurales sin debate democrático". La preocupación es concreta: el Gobierno estaría preparando decretos que van más allá de reparar daños inmediatos, tocando asuntos como cambios tributarios sobre ingresos brutos, creación de nuevos impuestos extraordinarios, modificación de reglas en el sector financiero y cambios en jurisdicciones agrarias.

Para el Consejo Gremial, esto representa un "precedente institucional de máxima gravedad" porque viola el sentido original de los estados de emergencia. La Constitución, en su artículo 215, otorga al Ejecutivo poderes excepcionales para enfrentar crisis, pero estos tienen que ser temporales y limitados a conjurar la crisis específica. Lo que el gremio observa es un desborde hacia decisiones que corresponderían al Congreso en debates ordinarios.

Pero hay algo más profundo aquí que va más allá del juridicismo. El Consejo Gremial está hablando de confianza de inversionistas. Cuando alguien está pensando en traer dinero a Colombia, quiere saber que las reglas van a mantenerse. Si un decreto de emergencia puede cambiar tributaciones, términos contractuales o regulaciones financieras de un día para otro, el riesgo institucional crece y la confianza cae. Como lo plantean ellos: "La inversión en Colombia exige reglas claras, previsibles y estables".

Ante esto, el gremio exige transparencia. Piden que el Gobierno publique con detalle cuáles son los costos reales de atender la emergencia y qué gastos ya estaban presupuestados para 2026, para así justificar por qué necesita decretos con efectos estructurales. Es un llamado a separar lo que cuesta responder a la crisis de lo que quizás son reformas que el Gobierno quería hacer de todas formas.

El Consejo Gremial cierra su argumento con una frase que resume su posición: "La estabilidad jurídica no es un interés sectorial, sino un activo estratégico de la Nación". No es que las empresas quieran evadir responsabilidades en tiempos de crisis, sino que insisten en que el equilibrio institucional debe preservarse incluso en momentos difíciles.