Malas noticias para quienes esperaban que la Justicia les devolviera todas las responsabilidades de costos a los empleadores. El Consejo de Estado decidió mantener vigentes las normas que permiten que jefes y trabajadores se pongan de acuerdo sobre quién paga qué en el teletrabajo: internet, energía, uso de computador personal, todo eso ahora puede ser objeto de negociación entre las partes.

La decisión llegó después de que Roger Adrián Villalba Ortega presentara una demanda cuestionando la validez del reglamento que el Gobierno expidió en 2022. Su argumento era contundente: la ley de teletrabajo de 2008 establecía claramente que las empresas tenían que suministrar los equipos tecnológicos y correr con los gastos de conectividad y energía para sus empleados en casa. Villalba consideraba que permitir auxilios económicos mensuales vulneraba eso, pues ese dinero podría terminar siendo menos de lo que realmente cuesta mantener funcionando la oficina en casa.

Pero el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Tecnologías salieron a defender la norma. Argumentaron que estas disposiciones no eliminan derechos laborales, sino que buscan adaptar el teletrabajo a las nuevas realidades que surgieron después de la pandemia. El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo explicó que esas reglas nacieron en un momento excepcional, cuando el covid-19 obligó a miles de empresas a migrar de la noche a la mañana al trabajo remoto para no quebrar.

El tribunal razonó que permitir estos acuerdos sobre auxilios o uso de equipos personales facilita que más personas accedan al teletrabajo, especialmente cuando las compañías no tienen la plata inmediata para comprar computadores o asumir todos los costos de una. Si se eliminaban esas disposiciones, advirtió el Consejo de Estado, se generaría un vacío jurídico que terminaría afectando a trabajadores y empresas que ya tienen estos acuerdos funcionando bajo las normas vigentes.