Isabel Zuleta puede dormir tranquila. Su curul en el Senado está a salvo. Una sala especial del Consejo de Estado negó las demandas que pedían quitarle la investidura a la senadora del Pacto Histórico, tras concluir que no incurrió en tráfico de influencias durante lo que se conoce como el "tarimazo".

El quid del asunto era sencillo: se cuestionaba si Zuleta había abusado de su rango como parlamentaria para que el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) dejara salir a varios cabecillas criminales presos en la cárcel de Itagüí para que asistieran a un acto público en La Alpujarra, en Medellín, donde también estuvo el presidente Gustavo Petro. Pues bien, el alto tribunal halló que aunque Zuleta sí actuó como intermediaria ante el Inpec, su gestión no incluyó presiones indebidas ni se buscaban beneficios particulares. Lo que hizo fue actuar dentro de su papel como coordinadora del proceso de "Paz Urbana", una estrategia de diálogos con estructuras armadas que el Gobierno comenzó en 2023.

El fallo unánime, de veintinueve páginas y con el magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes como ponente, salvó la carrera política de la senadora reelecta. Pero el camino hasta esta decisión fue largo y con tropiezos. Desde noviembre, el Consejo le pedía reiteradamente a la Presidencia que enviara documentos cruciales sobre el proceso de "Paz Urbana" y el espacio de conversación sociojurídico donde nació la iniciativa. El despacho de notificaciones de Casa de Nariño se retrasó en responder, tensionando el proceso judicial. El 3 de diciembre, la secretaria general del Consejo, Diana Lucía Sánchez Serna, tuvo que escribir una nota de tres páginas exigiendo una "respuesta de forma inmediata", marcando como "URGENTE" el requerimiento.

Lo que el tribunal investigó fue si Zuleta, al solicitar ante el Inpec el traslado de nueve cabecillas para el evento de La Alpujarra, había violado sus deberes como congresista. Entre los reclusos que asistieron estaban Juan Álvarez, alias "Juan 23"; Alber Henao, "Albert"; Carlos Mesa, "Carlos Chata"; Freyner Ramírez, "Carlos Pesebre"; Juan Camilo Rendón, "Saya"; Jorge Vallejo, "Calambre"; Walter Román, "El Tigre"; Dayron Muñoz, "El Indio", y Jose Muñoz, "Douglas". Todos ellos suman aproximadamente 155 años de condena por crímenes que incluyen concierto para delinquir y secuestro extorsivo.

El Consejo ordenó a varias instituciones que remitieran información: al Senado, la hoja de vida de Zuleta; al Inpec, copia del oficio que la senadora envió para solicitar el traslado; y a la Presidencia, las resoluciones que en 2023 crearon el espacio de conversación y que en 2024 nombraron a los delegados del Gobierno, con Zuleta como coordinadora. Una vez recopilada toda la documentación, el tribunal celebró una audiencia pública para analizar si el papel de la senadora implicaba la pérdida de su cargo.

Aunque Zuleta se salvó de perder su escaño, el "tarimazo" sigue generando consecuencias. La Comisión de Acusación de la Cámara abrió investigación previa contra el presidente Petro por presunta participación indebida en política. La Corte Suprema de Justicia también recibió copias para investigar a Zuleta en otra instancia. Y el Inpec tuvo que justificar por qué permitió que los reclusos salieran de prisión. El tema, entonces, sigue bajo escrutinio en múltiples frentes de la justicia colombiana.