El campo colombiano acaba de ganar una batalla judicial importante. La Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó de manera categórica al Gobierno Nacional cumplir con los artículos 4 y 6 de la Ley 2578 de 2024, dejando clara una verdad incómoda: la inactividad del Estado frente a la comercialización agrícola ya no es tolerable.

El fallo es contundente en su lenguaje. El alto tribunal aclaró que lo demandado "no son sugerencias, sino obligaciones legales que el Estado ha omitido". La orden es firme: el Gobierno debe formular y adoptar de inmediato la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario. Pero esta no puede ser cualquier política. Debe tener bases sólidas que realmente faciliten y mejoren cómo se comercializan los productos del campo en Colombia.

Para que esto pase de la teoría a la práctica, la sentencia fue específica. El Ministerio de Agricultura tiene que identificar estrategias de mercado claras, definir prioridades de comercialización, designar responsables directos, establecer mecanismos de acción a mediano y largo plazo, e implementar indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluar resultados.

Las tareas asignadas al Ministerio de Agricultura no dejan lugar a la ambigüedad. Primero, debe convocar y designar los delegados que harán parte de una mesa técnica intersectorial (con representantes de diferentes sectores involucrados). Segundo, instalar formalmente ese espacio de trabajo conjunto. Tercero, formular, estructurar y adoptar oficialmente la política para que entre en vigencia y llegue de verdad a los productores.

Este fallo representa algo que el campo ha estado pidiendo hace mucho tiempo: garantías reales para campesinos y productores que históricamente han sufrido por la falta de canales de comercialización justos y rentables. No es solo un papel más en una carpeta gubernamental; es una orden que debe ejecutarse, y ahora tiene el peso de una sentencia judicial detrás.