El Congreso se mueve contra el ministro de Salud. Jennifer Pedraza y otros nueve representantes radicaron una moción de censura contra Guillermo Alfonso Jaramillo por lo que consideran un manejo deficiente del sector sanitario. El trámite ahora está en manos de la mesa directiva de la Cámara, que debe verificar que todo esté en regla antes de convocar al debate.

Los promotores de la moción concentran sus reclamos en cuatro temas que tocan la fibra sensible de cualquier colombiano enfermo: las tutelas que se multiplican porque el sistema no responde a tiempo, los medicamentos que no llegan o se interrumpen especialmente en tratamientos crónicos, la falta de liderazgo desde el ministerio para coordinar y resolver los cuellos de botella, y el tono público con el que se comunican las decisiones sobre casos sensibles. En esencia, acusan al ministro de no estar a la altura de lo que exige la crisis sanitaria que vive el país.

Para entenderlo bien: la moción de censura no es simplemente un debate donde se listarán todos los problemas del sector. Es un mecanismo de control político más potente. Aquí lo que importa es si el Congreso decide que el ministro debe cargar con la responsabilidad política de esos resultados. Si ganan los promotores en la votación, el funcionario sale del cargo. Si pierde la moción, el Gobierno se queda con su ministro, pero queda marcado públicamente el desempeño cuestionado.

Lo que está detrás de todo esto es la frustración cotidiana de los colombianos. Las dificultades para conseguir medicamentos, los tratamientos que se frenan y la acción de tutela como única salida para que alguien ponga atención. Claro que hay responsabilidad en las Empresas Promotoras de Salud y en los prestadores de servicios, pero la moción apunta a otra responsabilidad: la capacidad del Estado de ordenar el sistema desde el ministerio y hacer que funcione de verdad.

En términos políticos, esto se juega en dos niveles. Primero está la experiencia del paciente: si tiene acceso real a lo que necesita. Segundo está el poder: si el Congreso logra, con esta herramienta, cambiar las cosas en el sector y redefine su relación con el Gobierno.

Lo que sigue es que la mesa directiva revisa si todo cumple los requisitos y, si así es, se fija fecha para que el ministro se defienda. Durante el debate, los promotores tendrán que demostrar una línea clara de responsabilidad directa del ministro, no solo presentar una lista suelta de casos problémáticos. Luego viene la votación en la plenaria. Si ganan los censuristas, Jaramillo se va. Si gana el Gobierno, el ministro se queda pero con un registro político de lo que pasó en el debate y una medida pública clara de cómo ven los congresistas su desempeño.