La justicia en Cartagena selló el destino de un patrullero que asesinó a un joven futbolista por una razón que sacude la conciencia: el muchacho no le suministró los horarios de un lavadero de carros. El Tribunal Superior de Bolívar confirmó en segunda instancia la condena de 33 años y cuatro meses contra Octavio Darío Porras Vides por homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público.

Todo sucedió el 24 de agosto de 2020 en el barrio San Francisco de Cartagena. El patrullero llegó al lavadero de carros, golpeó violentamente al adolescente porque consideró que no le brindaba información exacta sobre los horarios de funcionamiento del establecimiento. El joven, tratando de escapar de la agresión, corrió del lugar, pero Porras Vides lo persiguió, lo alcanzó y le disparó en el abdomen con su arma de dotación. El menor fue llevado a un centro de salud donde falleció.

Lo que vino después fue aún más grave: el policía no solo cometió el crimen, sino que también participó activamente en una conspiración de encubrimiento. Alteró los reportes oficiales para sembrar una historia falsa según la cual el adolescente hacía parte de una pandilla y había atacado a varios uniformados con un arma artesanal. Presentaron ese artefacto hechizo como prueba en cadena de custodia, intentando justificar así el disparo que había acabado con la vida del joven.

Sin embargo, las pruebas técnicas los desmascararon. Los análisis de balística demostraron que la versión era completamente falsa: el futbolista nunca portó ni utilizó un arma de fuego, y el artefacto que presentaban no tenía ni siquiera capacidad para disparar. La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de un fiscal especializado en violaciones a los derechos humanos, logró acreditar la responsabilidad del uniformado ante el tribunal.

En el mismo fallo, el tribunal absolvió a dos patrulleros más, Iván Darío Olivo de Ávila y Juan Esteban Gómez Ricard, quienes habían sido condenados en primera instancia por favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía ha presentado recurso de casación contra esa decisión.