Una vez más, la justicia colombiana ha condenado a Iván Moreno por el desfalco que marcó la administración de su hermano Samuel en Bogotá. La Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. El caso que hoy vuelve a los titulares tiene raíces profundas: se remonta al 2010, cuando salieron a la luz los incumplimientos de contratos por parte del Grupo Nule y todo el sistema de corrupción que operaba en la capital comenzó a desmoronarse.

Durante la alcaldía de Samuel Moreno, entre 2008 y 2011, él e Iván estructuraron una operación sistemática de corrupción. Los dos hermanos diseñaron un mecanismo para adjudicar contratos a cambio de comisiones económicas que oscilaban entre el 6% y el 10% por cada acuerdo firmado. Los investigadores determinaron que Iván, quien fue senador de la República, fue el cerebro operativo del esquema. Lideraba reuniones con los contratistas para pactar los pagos y usaba su poder en el Congreso para ejercer control en entidades como el IDU y la Secretaría de Salud, direccionando así los contratos hacia sus cómplices.

El Grupo Nule se convirtió en el principal beneficiario de este carrusel. Miguel Nule, Manuel Nule, Guido Nule y Mauricio Galofre Amín manejaban 30 empresas y ejecutaban múltiples obras públicas en el país, aunque las investigaciones comprobaron que muchas veces no cumplían ni con la experiencia requerida. En 2013, Miguel Nule confesó que el exalcalde recibía directamente las comisiones por los contratos firmados.

Pero Iván Moreno no fue el único en la mira de la justicia. Emilio Tapia Aldana, conocido como el "zar de la contratación", era funcionario del IDU y estaba encargado de mover dinero y adjudicaciones. Julio Gómez participó como contratista ejerciendo control sobre la institución. El abogado Álvaro Dávila asesoraba a Samuel Moreno e incidía en la manipulación de los procesos. El excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi fue condenado por recibir sobornos para no investigar, y Liliana Pardo, exdirectora del IDU, entregó de manera irregular la contratación de la malla vial y Transmilenio.

Las obras más afectadas fueron la Fase tres de Transmilenio, el mantenimiento de la valla vial y el servicio de ambulancias. Empresas como MNV S.A, Gas Kpital, Transnule, Tecniciviles (que luego cambió de nombre a Obras de Ingeniería Guadalupe SAS), Conalvías y Pavimentos Colombia participaron en el esquema ilegal, recibiendo beneficios previamente pactados.

Samuel Moreno, el exalcalde que encabezaba esta red de corrupción, fue condenado a más de 24 años en prisión considerando las rebajas otorgadas. Murió el 10 de febrero de 2023, a los 62 años, mientras cumplía su condena en la Escuela de Carabineros en Bogotá, víctima de un infarto.

Para diciembre de 2015, la Fiscalía tenía 110 procesados en la lista. De esos, 11 funcionarios y 18 contratistas habían sido condenados, mientras otros 40 enfrentaban procesos judiciales. El carrusel de contratación dejó un legado amargo para Bogotá: millones de pesos desfalcados que pudieron haberse invertido en obras que realmente beneficiaran a sus habitantes.