La justicia colombiana avanzó este lunes en uno de los crímenes políticos más impactantes de los últimos años. Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela, aceptó ante la jueza Lilyan Johana Bastidas su participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El preacuerdo con la Fiscalía resultó en una condena de 21 años y dos meses de prisión para esta joven barranquillera de apenas 19 años.

El rol que cumplió Gabriela en el atentado del 7 de junio de 2025 fue determinante para que el plan criminal se ejecutara. Según la investigación, fue ella quien entregó al sicario, un menor de 15 años, la pistola Glock 9 milímetros que había sido modificada para aumentar su poder letal. Ese mismo día, en el parque El Golfito del barrio Modelia al occidente de Bogotá, se disparó contra Uribe Turbay, quien finalmente falleció el 11 de agosto tras dos meses internado en cuidados intensivos.

Los investigadores establecieron que Gabriela hizo mucho más que entregar el arma. Participó en reuniones de coordinación previas al atentado, integró el grupo responsable de la logística y acompañó a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, quien es señalado como el articulador central del crimen. Durante la ejecución del plan, ella se mantuvo en los alrededores del parque monitoreando los movimientos del menor sicario y garantizando que todo transcurriera según lo planeado. La joven también confesó haber recibido la promesa de un pago de 10 millones de pesos si Uribe moría, o entre 600.000 y 700.000 pesos si sobrevivía.

Lo que sorprende de este caso es que una adolescente terminó envuelta en una operación criminal de tanto impacto político. El historial de Gabriela revela una trayectoria marcada por la precariedad y la ilegalidad desde antes de los 19 años. Trabajaba en la creación de contenido para adultos, había estado involucrada en la venta de drogas y acumulaba antecedentes judiciales desde 2022 por lesiones personales, hurto y daños en bien ajeno. Estos factores la acercaron al círculo delictivo de El Costeño.

Tras perpetrar su rol en el atentado, Gabriela huyó hacia Florencia, Caquetá, donde intentó cambiar su apariencia para no ser identificada. La Policía Nacional la capturó el 14 de junio de 2025 durante un operativo.

Durante la audiencia donde se validó el preacuerdo, la joven pidió perdón a María Claudia Tarazona, esposa del senador asesinado, y a su familia. Martínez expresó sentir "profunda culpabilidad" y aseguró que "nunca quiso hacerle daño" al político, aunque reconoció que sus actos demostraban lo contrario. Con esta condena, Gabriela se convierte en la primera mujer sentenciada en un caso que hasta ahora registra nueve capturados por su presunta participación en el magnicidio que sacudió al país.