Durante una visita al Distrito Especial de Buenaventura, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, lanzó una acusación que genera preocupación en la región: detrás de algunos de los bloqueos que afectan la vía hacia el puerto estarían personas recibiendo dinero para sabotear la movilidad. El funcionario advirtió que estos actos van más allá de una protesta social legítima y se han convertido en una amenaza directa para la estabilidad económica y social del territorio.

Sánchez fue contundente al describir el fenómeno. "Aquí hay algunas personas a las cuales incluso les pagan 100 mil pesos, 50 mil pesos por dañarle el trabajo digno a toda una comunidad, a una población que solo quiere salir adelante, esta también es una de las amenaza", dijo el ministro. Según su análisis, estos bloqueos no solo obstaculizan el transporte, sino que golpean directamente los ingresos de quienes dependen del puerto para vivir.

El ministro también hizo un llamado importante a diferenciar entre lo que es un derecho constitucional y lo que traspasa límites. "Por esta situación hemos analizado en qué sectores y cuáles son las causas para mitigar este riesgo, esta amenaza, porque es bienvenida la protesta social, -hace parte de lo que permite la constitución y la ley-, pero lo que está prohibido es el vandalismo, es violar los derechos de los que no protestan", explicó. El Gobierno nacional insiste en que busca identificar las causas reales detrás de las manifestaciones para atenderlas sin permitir que se conviertan en escenarios de violencia prolongada.

Los bloqueos son una realidad recurrente en la vía que conecta con Buenaventura. Este año se han registrado decenas de interrupciones, siendo enero y febrero los meses más críticos, cuando transportadores de carga pesada protestaron por demoras en las terminales portuarias. En abril también hubo cierres, como el del 14 en Zaragoza tras la captura de un habitante, y el del 10 por manifestaciones contra la minería ilegal. Las autoridades mantienen monitoreo constante mientras buscan garantizar la movilidad en uno de los corredores más estratégicos para el comercio internacional del país.