En el sur de Córdoba, específicamente en Puerto Libertador, existe un proyecto minero que promete extraer cobre, oro y plata. Se llama El Alacrán y, aunque suena como algo que debería generar polémica, los habitantes de la zona están pidiendo exactamente lo opuesto: que el Gobierno lo deje avanzar. Hace poco firmaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y otras autoridades nacionales pidiendo que aceleren los trámites.

Lo que está deteniendo el proyecto es la licencia ambiental. En 2024 la operadora Minerales Córdoba presentó la solicitud y según el cronograma debería estar operando desde este año, pero las evaluaciones técnicas siguen en curso. Las comunidades reconocen que estos procesos deben ser rigurosos, pero afirman que pueden hacerlo más rápido. "Nos dirigimos respetuosamente a ustedes para solicitar que el análisis del proyecto continúe haciéndose con el rigor técnico de sus entidades, pero dentro de un tiempo más razonable", dicen en el documento.

Aquí viene lo interesante para entender por qué una comunidad presiona para que llegue una mina a su territorio. En zonas rurales como esta, el Estado tiene históricos problemas para llegar con servicios. La empresa ya ha estado presente varios años ofreciendo lo que el Gobierno no ha podido: jornadas de salud, dotación de centros médicos, capacitaciones del Sena, reparación de vías y apoyo a las escuelas. "Antes no teníamos ningún acceso a estos servicios", señalan los comuneros. En un contexto donde inundaciones recientes han arrasado viviendas y la pobreza es estructural, esa presencia empresarial se vuelve invaluable.

Las siete juntas de acción comunal firmantes no piden que se ignore el medio ambiente. Su posición es que se puede hacer responsablemente: "Creemos que se puede trabajar de manera responsable, protegiendo la naturaleza y al mismo tiempo generando desarrollo para nuestras comunidades". Lo que piden es que su voz sea tenida en cuenta y que no se paralice indefinidamente un proyecto que, para ellos, representa empleo y servicios básicos que sus hijos necesitan.

Esta carta expone una tensión real en Colombia. Por un lado, está la urgencia de controlar la minería por sus impactos ambientales. Por otro, están territorios abandonados donde una empresa privada está haciendo lo que debería hacer el Estado. Las comunidades de Puerto Libertador están apostándole al El Alacrán porque, hasta ahora, es lo único que les ha dado una oportunidad.