Colombia cuenta con un marco legal ambiental de los más avanzados en América Latina, pero la realidad en la Amazonia cuenta una historia muy diferente. Un estudio realizado por los investigadores Mark Ungar y Juan Corredor-García analizó la aplicación de la Ley 2111 de 2021 en los departamentos amazónicos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, que concentran el 80,5 por ciento de las infracciones ambientales en la región. La conclusión es clara: la destrucción de la selva continúa avanzando no porque falten normas, sino porque las instituciones no pueden hacerlas cumplir.

Las deficiencias comienzan desde lo más básico. Según el estudio, los departamentos analizados tienen un número muy reducido de funcionarios ambientales, muchos sin formación especializada y sometidos a cambios frecuentes de personal. La Fiscalía General de la Nación apenas disponía para 2024 de 40 fiscales ambientales distribuidos en siete oficinas para todo el país. En Putumayo, los investigadores documentaron que los funcionarios carecían de capacitación en temas ambientales. En Guaviare, cada fiscal debía atender simultáneamente hasta 55 casos.

A esto se suma la geografía implacable de la Amazonia. Amplias zonas permanecen fuera del alcance de las autoridades debido a la presencia de grupos armados ilegales y las limitaciones de infraestructura. En Caquetá, los funcionarios ambientales están concentrados en Florencia y enfrentan restricciones para acceder a áreas protegidas como el Parque Nacional Natural Chiribiquete. Las Corporaciones Autónomas Regionales también presentan debilidades severas: sufren alta politización, contratación temporal y son vulnerables a presiones de intereses económicos regionales.

El crimen organizado ha encontrado en la Amazonia un territorio fértil para operar. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, diversas redes criminales ocuparon espacios de control territorial en la región y consolidaron cadenas de producción y comercialización que mezclan actores legales e ilegales. Estas estructuras facilitan la minería ilegal, la deforestación, el tráfico de fauna silvestre y el acaparamiento de tierras. Un fenómeno particularmente preocupante es la apropiación irregular de tierras, favorecida por la falta de claridad sobre la propiedad de extensas áreas y procesos administrativos fragmentados.

Las actividades económicas conforman el tercer obstáculo identificado. La ganadería extensiva, la minería, la agricultura y la explotación petrolera generan incentivos que favorecen prácticas ilegales. El estudio señala que aproximadamente el 69 por ciento del oro producido en Colombia durante 2020 fue extraído ilegalmente, mientras que cerca de la mitad de la madera comercializada en el país tiene origen ilegal. La ganadería, actividad económica predominante en la Amazonia, está vinculada a la expansión sobre áreas protegidas y tierras ocupadas irregularmente. La construcción de vías también acelera la devastación: el 93 por ciento de las zonas deforestadas en Caquetá, Meta y Guaviare se encuentran a menos de dos kilómetros de una carretera.

Los números reflejan el fracaso operativo del sistema. Colombia registra alrededor de 4.000 alertas anuales relacionadas con incendios forestales y deforestación, pero apenas una fracción ínfima avanza a procesos penales. Los investigadores estiman que solo el 0,04 por ciento de las alertas ambientales derivan en cargos criminales. Delitos como la deforestación, la apropiación ilegal de tierras y las circunstancias agravantes presentan niveles mínimos de judicialización. Las autoridades tienden a actuar sobre casos visibles de menor escala, como caza o tráfico de fauna silvestre, mientras las estructuras criminales que impulsan la degradación ambiental permanecen fuera del alcance de la justicia.

El estudio propone fortalecer la investigación autónoma mediante mayor articulación entre la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y gobiernos locales, impulsar vigilancia comunitaria e indígena, ampliar el uso de drones y integrar las bases de datos disponibles para identificar patrones criminales. Los investigadores advierten que estas recomendaciones podrían aplicarse también en Perú y Brasil, donde enfrentan desafíos similares. La lección es contundente: la existencia de leyes estrictas no basta por sí sola para proteger los bosques. Mientras persistan las debilidades institucionales, la influencia del crimen organizado y los incentivos económicos que favorecen la explotación, la destrucción de la Amazonia continuará superando la capacidad del Estado para contenerla.