A partir de finales de 2026, Europa comenzará a aplicar una nueva regla que afectará directamente el bolsillo de miles de agricultores colombianos: solo podrá importar productos que demuestren no provenir de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Aunque esta norma está dirigida formalmente a importadores europeos, sus efectos van a recaer en los productores colombianos, quienes tendrán que probarse ante compradores europeos que sus productos nacen de tierras limpias.

El Gobierno dice estar avanzando en la preparación del país. El Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación cubre siete cadenas productivas: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera. Para Colombia, los tres sectores bajo la lupa son precisamente los que generan más divisas hacia Europa: café, cacao y aceite de palma. Desde el Ministerio de Ambiente aseguran que existe evidencia técnica que indica que estas exportaciones agroindustriales colombianas no están ligadas a deforestación reciente. Pese a esto, el Gobierno expresa preocupación porque Europa clasificó a Colombia en riesgo "estándar", una categoría que considera no refleja completamente los avances ambientales del país.

Para enfrentar el nuevo escenario, el Gobierno conformó una mesa interinstitucional que reúne a ministerios de Comercio, Ambiente y Agricultura, además de entidades técnicas como el Ideam (que monitorea los bosques mediante satélites), la UPRA (que controla el ordenamiento agrícola) y el Instituto Colombiano Agropecuario. El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques es el principal instrumento de Colombia. Según cifras del Ideam, el país cuenta con 59,1 millones de hectáreas de bosques naturales. En 2024, la deforestación se redujo 34 por ciento frente a 2021, una tendencia que podría jugar a favor. El café tiene su propio sistema: la Federación Nacional de Cafeteros opera el Sistema Único de Información Cafetera que integra datos georreferenciados del 100 por ciento de las fincas. En palma de aceite, Fedepalma reporta que el 99 por ciento del área cultivada está libre de deforestación con monitoreo satelital en tiempo real.

Pero no todos ven el panorama con igual optimismo. Domingo Pérez, productor de cacao de Arauca y líder gremial, advierte que esta regulación puede convertirse en una barrera para los pequeños cacaoteros si el Estado no asume un papel activo en la certificación. El problema es real: certificar y georreferenciar predios tiene costos que los grandes operadores pueden asumir, pero los pequeños productores ya están vendiendo por debajo de sus costos. "No se le puede dejar esta responsabilidad a 65.000 familias que la están pasando mal. Debe ser una política de Estado", afirma Pérez. Señala que el cacao colombiano no se siembra sobre selva virgen sino en antiguos potreros y tierras degradadas, así que técnicamente el país podría cumplir con relativa facilidad si existiera coordinación institucional. La preocupación es que si no se facilita el acceso a certificación, las cooperativas y marcas pequeñas podrían quedar fuera del mercado europeo.

En contraste, el sector del caucho suena más tranquilo. Fernando García Rubio, director ejecutivo de Confecaucho, asegura que el sector está preparado y que la regulación representa una oportunidad. Desde 2019 el gremio participa en programas de trazabilidad predio a predio, especialmente en zonas de Caquetá, Guaviare y Putumayo. El caucho ha sido alternativa contra cultivos ilícitos: en cuatro décadas ha reemplazado más de 25.000 hectáreas de plantaciones ilegales. Más de 15.000 pequeños productores, el 98 por ciento con menos de 50 hectáreas, integran el gremio. Las plantas cuentan con certificación del Forest Stewardship Council, estándar europeo que acredita cero deforestación y buenas prácticas ambientales. García Rubio destaca que Colombia tiene la primera comunidad indígena cauchera certificada bajo este estándar en el mundo y que el sector ha incrementado exportaciones 220 por ciento en los últimos cinco años.

Desde Analdex, la asociación de exportadores, reconocen que la reglamentación ha sido un proceso de adaptación para el país. Su presidente, Javier Díaz, sostiene que es clave que este proceso se traduzca en esquemas facilitadores que no generen barreras comerciales. Destaca que el sector cafetero es ejemplo de que cumplir con estas exigencias es posible, señalando que "el sector cafetero se encuentra altamente avanzado en materia de trazabilidad y sostenibilidad, lo que demuestra que es posible cumplir con estas exigencias y convertirlas en una oportunidad para fortalecer la competitividad del comercio exterior colombiano".