Mientras en las capitales europeas y estadounidenses se celebra la transición energética como un logro ambiental, en las entrañas de la Amazonía y el Pacífico colombiano está sucediendo algo muy distinto. Un mercado de bonos de carbono opera en la sombra, sin regulación alguna, permitiendo lo que investigadores y abogados denominan la "expresión más sofisticada del neoliberalismo". Y sus consecuencias caen directamente sobre comunidades indígenas, negras y campesinas que ven cómo sus territorios son negociados sin su consentimiento.

La alarma fue encendida durante la II Conferencia Internacional para las Reformas Agrarias y el Desarrollo Rural que termina este fin de semana en Cartagena. Los números son escalofriantes. De acuerdo con datos de la clínica jurídica de la Universidad Javeriana e información actualizada del Instituto Sinchi correspondiente a 2025, apenas 19 empresas ya dominan más de 19.5 millones de hectáreas en la Amazonía. Eso significa que el 75% de los territorios disponibles en la región ya fueron negociados, incluyendo traslapes de 1.3 millones de hectáreas que se superponen con Parques Nacionales Naturales.

El negocio funciona bajo el concepto de bonos verdes, que son títulos de deuda que entidades públicas o privadas emiten para financiar proyectos ambientales como energías renovables o gestión de residuos. En teoría, suena virtuoso. En la práctica, según el abogado Joaquín Garzón de la Universidad Javeriana, se convierte en una amenaza existencial. La Corte Constitucional ya lo reconoció en casos como el del Piraparaná, donde identificó que "estos proyectos no solo eran contratos comerciales, sino amenazas a la supervivencia física y cultural. Las empresas, bajo la promesa de 'conservación', restringían las 'chacras' (cultivos de subsistencia), prohibiendo a los indígenas sembrar sus propios alimentos".

Lo perverso es que el acaparamiento no siempre implica quitar físicamente la tierra. Lo que roban es su uso. Tomas Vergara, investigador del Centro de Alternativas para el Desarrollo, lo explica claramente: "El problema es de distribución de usos. Al controlar lo que se puede o no hacer en el bosque, la empresa se convierte en el dueño real, sin importar quién tenga el título. Esto vacía de contenido la propiedad colectiva". En el Tolima, por ejemplo, comunidades campesinas reforestaron territorios tras la explotación minera, solo para verlos mercantilizados por terceros sin su permiso. En Buenaventura, una empresa reclama 19.000 hectáreas que se superponen con consejos comunitarios, amparada en títulos privados "avalados desde Bogotá".

La distribución del dinero también denuncia la injusticia. Mientras las empresas contaminantes ahorran millones en impuestos comprando estos bonos, las comunidades locales reciben apenas entre el 28% y 35% del valor real. El resto, entre el 65% y 72%, queda en manos de intermediarios y desarrolladores, muchos de ellos capitalizados por las mismas industrias petroleras y mineras que compran los bonos para seguir contaminando sin cambiar nada.

Y el Estado colombiano, mientras tanto, se queda sin recursos. Por falta de normativa clara, ha dejado de recaudar aproximadamente 2.6 billones de pesos entre 2017 y 2025 debido al mecanismo de no causación del impuesto al carbono. Según los expertos, esa plata perdida podría financiar la paz y proteger áreas, pero en cambio se queda en manos privadas a cambio de lo que Vergara llama "bonos chimbos".

La salida que proponen los juristas es contundente: Colombia enfrenta un "Estado de Cosas Inconstitucional" en el mercado de carbono, similar a las crisis históricas en salud o cárceles. Si esto se regula, debe ser con el rigor de la industria financiera o aeronáutica. Mientras tanto, la única herramienta inmediata es que las comunidades ejerzan su poder de veto y denuncien el lavado verde. Porque el aire y la atmósfera son bienes públicos, y tratarlos como un "negocio de agiotistas" está hipotecando el último pulmón del planeta.