Colombia está dando un paso importante en la lucha contra la desnutrición silenciosa que afecta a miles de familias en el país. A partir de ahora, productos que están en casi todas las mesas colombianas, como el arroz, el pan y las arepas, deberán incluir vitaminas y minerales durante su fabricación. Es una decisión que busca atacar de raíz un problema que ha estado golpeando especialmente a los niños más pequeños y a las mujeres embarazadas.

Las cifras que justifican esta medida son preocupantes. Según datos oficiales, hasta el 36 por ciento de los niños en edad preescolar presenta deficiencia de zinc, un mineral fundamental para el desarrollo y la inmunidad. Para las mujeres gestantes la situación no es mejor: el 44,5 por ciento sufre anemia por falta de hierro, lo que pone en riesgo tanto su salud como la del bebé que esperan. Estas carencias nutricionales son el tipo de problemas que no siempre se ven a simple vista, pero sus consecuencias son profundas.

Lo interesante es que esta fortificación se hace de una manera casi invisible para quien consume. Durante el proceso de producción se añadirán los micronutrientes necesarios, sin que cambien el sabor, el olor ni la apariencia de los alimentos. La gente seguirá comiendo y preparando sus comidas como siempre, pero estarán recibiendo nutrientes clave que hace falta en sus dietas.

El análisis técnico que respalda la norma es bastante prometedor. La fortificación podría aportar hasta el 68 por ciento del requerimiento de zinc en mujeres gestantes, cubrir el 84 por ciento de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40 por ciento de la vitamina B2 en adolescentes. En términos prácticos, esto significa reducción de enfermedades, mejores calificaciones en la escuela y más capacidad de trabajo en los adultos.

Para los fabricantes, la inversión no será un dolor de cabeza. Los costos de producción aumentarían apenas entre 0,3 y 2,5 por ciento, una cifra casi insignificante comparada con el impacto social que podría generar. Es uno de esos casos donde la salud pública y la viabilidad económica van por el mismo camino.