Ser activista ambiental en Colombia se ha convertido en una labor de alto riesgo. Un informe presentado esta semana por la Agencia Católica para el Desarrollo, cofinanciado por la Unión Europea, pone cifras a lo que muchos ya sabían: el país es el más letal para quienes defienden la naturaleza y los derechos humanos. De los 331 asesinatos de defensores ambientales registrados en el mundo, 177 ocurrieron en territorio colombiano. La cifra es contundente y habla por sí sola sobre la vulnerabilidad en la que viven estos líderes.

El documento, titulado "Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica", analiza seis países: Honduras, Brasil, Perú, Guatemala, Bolivia y Colombia. Pero en nuestro país la situación es particularmente crítica. El informe documenta las amenazas que enfrentan comunidades indígenas de La Guajira que luchan por defender el agua frente a la mina El Cerrejón, el proyecto minero de carbón más grande de América Latina. También recuerda los asesinatos de cuatro lideresas del Cauca, crímenes que aún permanecen sin justicia.

Emily Mulville, coordinadora para la región Andina de Cafod, fue directa al presentar el documento: "Nuestro informe revela una tendencia alarmante de ataques a quienes están en la primera línea de protección de derechos humanos y medioambiente en toda América Latina". En el caso colombiano, según el análisis, aunque existen mecanismos como la Unidad Nacional de Protección, un sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y mesas territoriales de garantías, "ninguno de estos mecanismos es totalmente efectivo para proteger las vidas" de los defensores.

Las razones de esta crisis son múltiples y preocupantes. El informe identifica que hace falta un enfoque preventivo e integral, que el Gobierno apoya más a las empresas extractivas que a los defensores, que se han intentado relajar las normas de consulta previa con comunidades, y que los grupos armados se han fortalecido creando un clima de represión. La pandemia agravó aún más la situación en las zonas rurales, y el recrudecimiento del conflicto armado no ha hecho sino empeorar las cosas.

Los ataques que sufren estos activistas van más allá de la violencia física. También enfrentan estigmatización y criminalización de su labor por parte de actores poderosos que buscan beneficiarse del acceso y control desigual a la tierra y los recursos naturales. Sin protección estatal efectiva, sin acceso a la justicia y con cada vez más barreras jurídicas y financieras, estos defensores ambientales se encuentran en una situación de profunda vulnerabilidad.

Mulville hizo un llamado urgente: "El informe hace un llamado a la acción urgente, a los Gobiernos y a las empresas para que protejan a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente que están arriesgado sus vidas". Aunque reconoce que a pesar de los desafíos, estos líderes continúan encontrando estrategias innovadoras de protección y resistencia, es claro que sin cambios estructurales en la voluntad estatal, Colombia seguirá siendo el país más peligroso para quienes defienden nuestro ambiente.