El Gobierno nacional puso en marcha la nueva Política Nacional de Discapacidad que regirá hasta 2035. Se trata de una estrategia que invertirá 5,66 billones de pesos durante los próximos diez años y busca garantizar que cerca de 3 millones de colombianos con discapacidad gocen efectivamente de sus derechos. El plan fue aprobado mediante el Conpes 4198 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y es presentado por el Departamento Nacional de Planeación como el mayor esfuerzo estatal realizado hasta ahora para promover la inclusión de esta población.

La estrategia se desarrollará a través de 119 acciones sectoriales ejecutadas por más de 15 entidades del orden nacional. Los cuatro pilares principales incluyen fortalecer la oferta de bienes y servicios en salud mental, educación inclusiva, vivienda accesible y atención especializada; ampliar la accesibilidad física, comunicacional y digital; promover autonomía económica con mayores oportunidades de empleo; y robustecer la gobernanza del Sistema Nacional de Discapacidad.

Uno de los desafíos más importantes que busca enfrentar esta política es la desigualdad laboral que enfrentan las personas con discapacidad en Colombia. Según cifras del Dane para 2025 citadas por el DNP, apenas el 21 por ciento de las personas con discapacidad tiene empleo, mientras que entre quienes no presentan discapacidad la tasa alcanza el 59,8 por ciento. Para responder a esto, el plan articula la Ley 2466 de 2025, que obliga a las empresas privadas a contratar personas con discapacidad, junto con incentivos de contratación pública.

En materia de vivienda, el Ministerio de Vivienda deberá incluir criterios de accesibilidad en proyectos de vivienda de interés social e interés prioritario. Los hogares con integrantes con discapacidad tendrán prioridad en la asignación de subsidios. En salud, el Ministerio de Salud ampliará la cobertura de certificación de discapacidad mediante equipos que funcionarán fuera de hospitales para facilitar el acceso.

La directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, señaló que "hoy marcamos un hito histórico. Este es el plan, pensando desde el gobierno nacional para devolverle la dignidad y la autonomía a cerca de 3 millones de personas, con una inversión superior a los 5,6 billones de pesos. Pasamos de un modelo que solo asistía, a uno que garantiza derechos reales".

El seguimiento de la implementación estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Igualdad y Equidad, que deberán presentar informes públicos anuales. Para esto se creará el Observatorio Nacional de Inclusión Social y Productiva para Personas con Discapacidad, que consolidará información actualizada para monitorear los resultados de la política durante los próximos diez años.