Colombia logró una victoria en los juzgados internacionales. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respaldó la decisión del Estado de permitir que el dolutegravir, un medicamento fundamental contra el VIH, se produjera en versiones genéricas. El tribunal confirmó que Colombia actuó "en plena conformidad con el ordenamiento jurídico andino" al expedir una licencia obligatoria para garantizar el acceso a este tratamiento.

Todo comenzó en octubre de 2023, cuando el Gobierno decidió declarar de interés público el dolutegravir. Este medicamento es considerado de primera línea para combatir el VIH y tiene el respaldo de la comunidad científica por su efectividad y pocos efectos secundarios. La medida permitía que el Estado autorizara la fabricación de versiones genéricas, eliminando la exclusividad que tenía el titular de la patente, lo que significaba reducir drásticamente el precio del medicamento.

En abril de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió la primera licencia obligatoria. En junio del mismo año confirmó esa decisión, lo que abrió el camino para que Colombia pudiera producir o importar alternativas genéricas sin violar la ley. Con esto, el país buscaba ampliar la cobertura del tratamiento y responder a una necesidad clara de salud pública.

Las farmacéuticas titulares de la patente no se quedaron quietas. En enero de 2025 llevaron el caso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumentando que Colombia había violado las reglas. Cuestionaban la duración de la licencia obligatoria, aseguraban que no había claridad sobre cuándo terminaría, y sostenían que se desdibujaba el carácter excepcional de este tipo de medidas.

Desde el gobierno, la SIC defendió su posición. "El otorgamiento de la licencia obligatoria obedeció a la necesidad de atender una situación concreta de salud pública en el territorio nacional", comunicó la entidad al anunciar el fallo. El Estado argumentó que el mecanismo no anulaba los derechos de patente, sino que era una herramienta válida dentro de la normativa andina para garantizar el acceso a tratamientos esenciales.

El tribunal internacional le dio la razón a Colombia. Esta sentencia es importante porque confirma que el país puede seguir adelante con su estrategia de reducir costos de medicamentos sin vulnerar el marco legal que protege la propiedad intelectual. Para los pacientes con VIH, significa que habrá más opciones de acceso a un tratamiento que la Organización Mundial de la Salud reconoce como una de las mejores opciones disponibles.