Colombia continúa buscando alternativas para controlar la población de hipopótamos invasores que han proliferado en el país durante las últimas décadas. El Ministerio de Ambiente anunció que especialistas y veterinarios de la organización Vantara, con sede en India, realizarían una misión técnica al país durante las dos primeras semanas de junio para evaluar las posibilidades de trasladar a estos animales fuera de Colombia. Según el ministerio, actualmente hay aproximadamente 200 hipopótamos distribuidos principalmente en la cuenca del Magdalena Medio.

La gestión de esta especie se ha convertido en uno de los desafíos ambientales más complejos para el país. Todo comenzó en los años 80 cuando cuatro hipopótamos fueron introducidos ilegalmente en la Hacienda Nápoles, en Antioquia. Sin depredadores naturales y con abundancia de alimento en los ecosistemas acuáticos locales, los animales se reprodujeron sin control. Un estudio del Instituto Humboldt de 2024 indicó que sin intervención, la población podría alcanzar 500 individuos en 2030 y cerca de 1.000 en 2035.

Antes de llegar a la opción de eutanasia, el Gobierno exploró durante años la posibilidad de trasladar a los hipopótamos a zoológicos o santuarios en el extranjero. Se contactaron siete países, incluyendo Ecuador, Perú y Sudáfrica, pero ninguno pudo concretar una recepción viable. Solo India ha avanzado hasta el punto actual de realizar evaluaciones técnicas. El ministerio enfatizó que cualquier decisión será adoptada bajo "criterios estrictamente técnicos, científicos y ambientales", así como en cumplimiento de la normatividad colombiana y tratados internacionales.

Sin embargo, el Gobierno mantiene la eutanasia como opción paralela. Ya activó un plan estructural con inversión de 7.200 millones de pesos desde abril pasado. Según la ministra de Ambiente, se espera intervenir cerca de 80 hipopótamos durante este año, concentrándose principalmente en dos zonas críticas: la Hacienda Nápoles y la zona conocida como "isla del Silencio". El protocolo de eutanasia está definido como "el acto de inducir la muerte usando un método que ocasione una pérdida rápida e irreversible de la conciencia, con un mínimo de dolor y angustia para el animal" y solo será aplicado cuando otras alternativas no sean viables.

Los recursos serán canalizados a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad hacia las cuatro Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en las áreas donde habitan estos animales. El convenio entre el Ministerio y las corporaciones está previsto para el 15 de junio de 2026, con implementación efectiva en el segundo semestre del año. Las autoridades ambientales regionales deberán entregar reportes mensuales al ministerio detallando las intervenciones realizadas.