Colombia llega a sus elecciones legislativas del 8 de marzo en un escenario que recuerda a 2018: más municipios en riesgo, más violencia armada, y una fragmentación del conflicto que nadie logró resolver. Tras diez años del histórico acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, la realidad es que la guerra no desapareció. Lo que pasó es algo más complicado: el conflicto se partió en pedazos. Ahora compiten el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo (la mayor banda criminal del país), y varios grupos regionales. Todos disputan el mismo territorio y las mismas ganancias del narcotráfico.

El cambio respecto a cuatro años atrás es fundamental para entender por qué esto importa para quien va a votar. Antes, los grupos armados buscaban sabotear las elecciones quemando urnas o prohibiendo que la gente votara. Ahora el objetivo es otro: quieren que haya elecciones, pero para ganarlas o controlarlas desde adentro. Como explica el analista Luis Fernando Trejos, en las zonas donde operan estos grupos "gane quien gane, tiene que hablar con ellos". Eso significa que los alcaldes y concejales electos quedarán sujetos a presiones de actores ilegales, lo que se traduce en desviación de recursos públicos y decisiones tomadas bajo coacción.

Los puntos críticos están en lugares específicos. El Catatumbo, fronterizo con Venezuela, vive enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc que han generado una crisis humanitaria con cerca de 100.000 desplazados en el último año. En el sur, Putumayo y Caquetá son campos de batalla entre bandos rivales que se disputan rutas de droga. En la costa y el noroeste, el Clan del Golfo choca con el ELN. En estas regiones pueden ocurrir restricciones a campañas, prohibiciones para que candidatos entren, presiones a comunidades para votar por ciertos candidatos, e incluso sabotajes a puestos de votación disfrazados de disturbios civiles.

La organización Misión de Observación Electoral alertó que 170 municipios presentan algún nivel de riesgo electoral, afectando al 11% de los votantes colombianos. El nivel de riesgo es similar al de 2018, pero con más municipios en la categoría extrema. El coordinador Diego Alejandro Rubiano atribuyó esto al repunte de violencia desde 2024 y a que las economías ilegales siguen funcionando sin control.

El Gobierno responde con despliegue de seguridad. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció que 246.000 integrantes de la fuerza pública cubrirán los 13.493 puestos de votación el día de elecciones. Cerca de 500 candidatos al Congreso cuentan con esquemas de protección y se han acompañado más de 3.700 actos de campaña. También se ofrecen recompensas por información sobre delitos electorales como la compra de votos, una práctica tradicional en el país.

A pesar del panorama desafiante, las instituciones electorales aseguran que Colombia mantiene la capacidad de organizar elecciones incluso en medio del conflicto. Pero la realidad es que decenas de municipios votarán bajo presión, y los resultados en esas zonas pueden no reflejar la voluntad real de sus habitantes sino la influencia de actores que operan fuera de la ley.