La amenaza ya está aquí. Mientras el mundo ve los drones como herramientas de innovación o entretenimiento, en Colombia estos aparatos se han convertido en armas de guerra en manos de grupos armados ilegales. Y según Daniel Guerra Sarama, exoficial de la Fuerza Aérea Colombiana y experto en drones, el país podría estar entrando en una nueva etapa de conflicto donde las reglas ya no favorecen a las instituciones.

En entrevista con KienyKe.com, Guerra planteó una preocupación incómoda: "Colombia se acerca a una nueva etapa de guerra. En la que ya no hay garantías de que las Fuerzas Militares puedan ganarla". El problema, según explica, no es solo táctico sino estratégico. Mientras el Estado invierte en sistemas antidrones costosos y soluciones importadas, los grupos ilegales han aprendido del conflicto en Ucrania, Irán y otros escenarios para adaptarse rápidamente con inversiones mínimas. Cuando la respuesta es cara y la amenaza es barata, el negocio está perdido desde el inicio.

Lo más preocupante es que los grupos armados entienden algo que las instituciones colombianas aún no han asimilado del todo: los drones son flexibles, difíciles de controlar y cambian constantemente. Comprar un sistema para neutralizarlos hoy puede ser inútil mañana si los criminales modifican sus métodos. Guerra advierte que poner armas costosas a combatir armas baratas es exactamente lo que no debe hacerse.

El experto propone un cambio radical en la estrategia. En lugar de seguir importando soluciones, Colombia debería crear una cadena productiva propia alrededor de esta tecnología. Universidades, emprendedores, técnicos e ingenieros trabajando juntos, como sucede en Ucrania. Esto requiere fortalecer capacidades locales, impulsar innovación desde los territorios y permitir que quienes conocen las necesidades operativas en campo desarrollen respuestas propias. Las restricciones en papel y los trámites adicionales sobre compra de drones comerciales solo afectan a ciudadanos legales, no detienen a estructuras criminales.

El panorama se complica cuando se considera que estos ataques podrían dejar de ser exclusivos de zonas rurales o de conflicto. Un solo ataque con dron en una ciudad grande no solo causaría daño físico. El impacto psicológico sería enorme: paralización de actividades, miedo, intimidación. Y eso es algo que el país aún no está preparado para enfrentar.

Guerra es enfático: "En cuatro años, si no se hace algo, la situación va a ser bien diferente". El mensaje es que esto no es una amenaza futura, es una realidad en desarrollo. Y requiere respuestas inmediatas pero también decisiones de fondo que vayan más allá de lo militar. Implica decisiones institucionales, tecnológicas, económicas y políticas que deben llegar a los candidatos presidenciales y a quienes aspiren a gobernar. Si Colombia no actúa ahora, la brecha tecnológica con los grupos ilegales solo seguirá creciendo.