Colombia cerró la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural con un logro diplomático: 28 países adoptaron una declaración de 32 párrafos que establece una hoja de ruta común para la reforma agraria como política de Estado con alcance global. El encuentro, desarrollado durante cinco días en el Centro de Convenciones de Cartagena, reunió delegaciones de Asia, África y América Latina que debatieron sobre cómo transformar el sector rural del planeta.

El documento final que cerraba la conferencia no es un acuerdo menor. Aunque 56 Estados participaron en la construcción del texto, solo 28 lograron llegar al consenso necesario. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que el resultado representa "un esfuerzo colectivo orientado a construir acuerdos comunes", agregando que "si bien pudiéramos tener una declaración desde diferentes miradas, hoy tenemos la mejor declaración posible para los Estados que se sentaron a construir acuerdos". La declaración traza líneas estratégicas sobre acceso a tierras, fortalecimiento de sistemas agroalimentarios, transición hacia producción sostenible, y reconocimiento del papel de campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Más allá de los acuerdos internacionales, Colombia firmó durante el cierre de la conferencia su propio Pacto Nacional por la Implementación de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural Integral y Popular. Este documento fue suscrito por representantes de movimientos sociales —campesinos, indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras— junto con el Gobierno nacional. El pacto reconoce el mandato de estas comunidades en la transformación del territorio colombiano y reafirma su protagonismo en la construcción del país.

La dimensión del evento fue considerable: asistieron 843 participantes internacionales de 102 países y 3.509 participantes nacionales provenientes de 359 municipios. Más allá de las sesiones formales en el centro de convenciones, donde se realizaron 60 eventos con la presencia de ministros y autoridades multilaterales, la conferencia incluyó una agenda paralela con 130 actividades adicionales entre paneles, foros y talleres en seis sedes. La Zona Tierra para Todos registró más de 114.000 ingresos durante los últimos tres días del evento, concentrando actividades de participación ciudadana y productivas que conectaban a agricultores reales con el debate de políticas.

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, destacó que "la participación de gobiernos, movimientos sociales y organismos internacionales evidenció el respaldo político y la continuidad del proceso en el escenario global". Durante el cierre se informó que varios países de Asia, África y América Latina manifestaron interés en albergar la próxima conferencia en un plazo máximo de tres años. Se prevé crear un mecanismo entre los Estados firmantes para definir la sede del siguiente encuentro, con México como posible candidato para ser anfitrión de la tercera edición.

Con el cierre de la conferencia, Colombia finalizó su rol como país anfitrión dejando instalada una agenda internacional que posiciona la reforma agraria, la sostenibilidad productiva y el reconocimiento de actores rurales en el debate global de los próximos años.