Colombia acaba de dar un paso histórico en la protección de las niñas. El Congreso aprobó esta semana la Ley "Niñas sin Ablación", una iniciativa que busca prevenir, atender y eliminar la mutilación genital femenina mediante una política pública integral. Con esta decisión, Colombia se convierte en el primer país de América Latina que cuenta con una legislación específica para combatir esta forma de violencia de género, una práctica documentada en varias regiones del territorio nacional desde hace aproximadamente dos décadas.

La aprobación llegó después de dos años de tramitación legislativa y fue impulsada por las congresistas Jennifer Pedraza, Angélica Lozano, Alexandra Vásquez y Carolina Giraldo, junto con lideresas indígenas que viajaron a Bogotá para acompañar la votación final. "Ninguna otra niña ni mujer en Colombia podrá sufrir ablación", fue el mensaje que acompañó la aprobación de una norma que ahora espera la sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

La ley establece cuatro componentes principales: la formulación de una política pública nacional para combatir la práctica, la implementación de rutas integrales de atención en salud para las víctimas, el desarrollo de estrategias pedagógicas y de sensibilización en los territorios en lenguas propias, y el fortalecimiento de sistemas de información para identificar y hacer seguimiento a los casos. También incluye mecanismos de protección para las víctimas, capacitación del personal de salud y protocolos obligatorios de atención. El Gobierno Nacional tendrá 12 meses para formular esta política pública en concertación con las autoridades indígenas.

Las cifras que motivaron esta legislación son preocupantes. Entre 2020 y 2025 se registraron al menos 204 casos en Colombia, con 89 ocurridos en 2023. Más del 56 por ciento de las víctimas eran niñas entre cero y cinco años, y en algunos territorios hasta el 70 por ciento de los casos correspondían a menores de un año. Pueblo Rico, Risaralda, emerge como uno de los focos más críticos con 141 casos reportados. Sin embargo, las promotoras del proyecto advierten que existe un subregistro importante que oculta la verdadera magnitud del problema.

Un elemento innovador de esta ley es que rechaza una estrategia basada únicamente en la penalización. Las autoras argumentan que la mutilación genital femenina responde a dinámicas sociales e intergeneracionales que no pueden transformarse solo mediante castigos. La experiencia internacional muestra que la criminalización sin procesos educativos puede empujar la práctica hacia la clandestinidad y dificultar la protección de las niñas. Por eso, la ley privilegia campañas de sensibilización, educación y diálogo comunitario.

Tras la aprobación, las impulsoras del proyecto enfatizaron que el verdadero reto comienza ahora: garantizar su implementación efectiva en los territorios. Juliana Domicó, consejera mayor de la Gran Nación Emberá, recordó durante la sesión que "las mujeres emberá hemos luchado desde el territorio y trajimos esa propuesta al Congreso de la República para que aquí nos ayudaran a que este sueño se convirtiera en realidad. Pero hoy quiero reiterar que esperamos que esta ley no se quede en letra muerta". La aprobación representa un nuevo intento del Estado por erradicar una práctica que, según el consenso alcanzado entre legisladores, expertas y comunidades, solo desaparecerá mediante educación, prevención y transformación social desde los propios territorios.