Colombia acaba de ampliar significativamente las puertas para acceder al derecho a morir dignamente. A través de la Resolución 000813 expedida el 28 de abril de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social cambió las reglas del juego: ahora los colombianos podrán solicitar la eutanasia sin estar necesariamente en fase terminal, siempre que padezcan enfermedades graves e incurables que les causen sufrimiento intenso y cumplan con los criterios médicos y legales establecidos.

Este cambio no llega de la nada. Durante más de una década, la Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia sobre el derecho a morir dignamente, ordenándole al Estado que eliminara las barreras que dificultaban su acceso. Con esta resolución, el Gobierno responde a esas órdenes y busca establecer un marco único y claro sobre las condiciones para solicitar la eutanasia, además de definir las responsabilidades que tienen hospitales, clínicas y profesionales de la salud.

Pero esto no significa que cualquiera pueda acceder al procedimiento sin más. La norma es clara: cada solicitud debe pasar por evaluaciones médicas rigurosas, se debe verificar que el consentimiento del paciente sea libre e informado, y los comités de bioética jugarán un papel clave en el análisis. La petición del paciente, además, debe ser expresa y reiterada. En las palabras del documento, "Por medio de la cual se da cumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en relación con el derecho a morir dignamente, en sus dimensiones de Eutanasia y de Adecuación de los Esfuerzos Terapéuticos y se dictan otras disposiciones".

Otro aspecto importante de la resolución es lo que se conoce como adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Esto significa que los pacientes ahora pueden negarse a someterse a tratamientos que simplemente prolonguen la vida sin ofrecer mejoría o alivio, lo que muchos médicos llaman ensañamiento terapéutico. La norma también es clara respecto a los médicos: "Cuando exista muerte cerebral, '(...) no es su obligación mantener el funcionamiento de otros órganos o aparatos por medios artificiales', lo que debe articularse con el deber deontológico de no exponer a los pacientes a riesgos injustificados".

La resolución también fortalece el derecho de las personas a dejar constancia de su voluntad anticipada, es decir, documentos en los que cada uno puede expresar qué decisiones médicas quiere que se respeten en caso de no poder comunicarse en el futuro. Las instituciones de salud tendrán la obligación de fortalecer sus comités de bioética y contar con equipos especializados que acompañen estos procesos y orienten tanto a pacientes como a sus familias.

Finalmente, la norma enfatiza en los cuidados paliativos como un derecho integral para quienes enfrentan enfermedades terminales, crónicas o degenerativas. El objetivo es que todas esas personas tengan acceso garantizado al manejo del dolor y acompañamiento, independientemente de si optan o no por la eutanasia. Con todo esto, el Ministerio pretende darle mayor claridad al sistema de salud y asegurar que las decisiones al final de la vida se tomen respetando la autonomía, dignidad y voluntad de cada paciente.