Colombia amplía acceso a la eutanasia sin limitarse solo a enfermos terminales
El Ministerio de Salud actualizó la regulación del derecho a morir dignamente en Colombia mediante la Resolución 813 de 2026. El cambio principal es que la eutanasia ya no queda restringida a pacientes en fase terminal, sino que también aplica para quienes padecen condiciones extremas con sufrimiento intenso e irremediable. La norma refuerza la autonomía del paciente en la toma de decisiones y establece nuevos procedimientos para verificar la voluntad de las personas.
Colombia acaba de actualizar las reglas que permiten a los colombianos ejercer su derecho a morir dignamente. El Ministerio de Salud expidió la Resolución 813 de 2026, una norma que unifica y moderniza toda la regulación sobre eutanasia y adecuación de esfuerzos terapéuticos en el país.
Lo más significativo de este cambio es que la puerta de la eutanasia se abre más allá de lo que estaba permitido antes. Hasta ahora, este procedimiento estaba reservado principalmente para personas en fase terminal. Ahora, la resolución permite el acceso cuando existe una condición de salud extremadamente grave que causa sufrimiento intenso, continuo e imposible de aliviar. Esto incluye situaciones de final de vida, enfermedades graves e incurables o lesiones corporales severas. Pero en todos los casos, la solicitud debe ser completamente voluntaria, basada en información clara, y verificada por equipos médicos especializados.
La norma pone al paciente en el centro de todo. La resolución establece que cada persona puede decidir libremente entre varias opciones: recibir cuidados paliativos, que haya una adecuación de los tratamientos médicos o solicitar eutanasia. La ley aclara algo importante: no es obligatorio probar una opción antes de acceder a otra. Además, la voluntad puede expresarse de varias formas: verbalmente, por escrito, a través de un Documento de Voluntad Anticipada, o mediante el Registro de Solicitud de Eutanasia. También hay reglas especiales para casos excepcionales, como cuando la persona no puede comunicar su decisión directamente, y protecciones específicas para personas con discapacidad.
El procedimiento también tiene cambios en la estructura de supervisión. Los Comités Interdisciplinarios de Eutanasia verificarán que se cumplan todos los requisitos, mientras que los Comités de Ética Hospitalaria pueden intervenir en casos complejos donde haya conflicto sobre si adaptar o no los tratamientos. Para adultos, el proceso de evaluación debe completarse en máximo diez días calendario desde que se hace la solicitud, y en el caso de menores de edad son quince días.
La resolución mantiene como obligación que se ofrezcan cuidados paliativos de calidad durante todo el proceso de final de vida. Esto significa control del dolor, manejo de síntomas y acompañamiento tanto al paciente como a su familia. La norma entra en vigor desde su expedición y reemplaza regulaciones anteriores que ya estaban desactualizadas, como las resoluciones de 2018 y 2021 que regulaban este derecho de forma más restrictiva.
Fuente original: KienyKe - Portada