La carrera de Abelardo de la Espriella hacia la presidencia en 2026 enfrenta un obstáculo serio. El Consejo Nacional Electoral decidió investigar formalmente su campaña política tras recibir una solicitud ciudadana que cuestiona si en el proceso de recolección de firmas se incurrió en irregularidades. El ente electoral ha puesto sobre la mesa preguntas incómodas sobre la transparencia de los documentos presentados por su equipo de campaña.

Todo comenzó cuando Marceliano Julio Fonseca Bolívar presentó un reclamo formal. Según su denuncia, la campaña de De la Espriella habría presentado documentos que no corresponden con el puño y letra de los ciudadanos que supuestamente respaldan al candidato. Esto violaría el principio constitucional de buena fe que debe caracterizar los procesos electorales. Ante esto, el CNE ordenó la práctica de pruebas para verificar si efectivamente ocurrieron irregularidades graves.

El candidato y su movimiento político, Defensores de la Patria, tienen cinco días hábiles para responder a la acusación y presentar todas las evidencias que consideren convenientes para su defensa. El CNE ha sido claro: necesita material probatorio sólido antes de tomar cualquier decisión de fondo.

Lo que ha encendido las alarmas es el reporte de la Registraduría sobre las firmas. El comité inscriptor de De la Espriella entregó nada menos que 5.079.000 registros, un número récord. Sin embargo, solo fueron validadas 1.978.108 firmas, lo que equivale apenas al 38,95% del total. Más de 3 millones de apoyos fueron rechazados por diferentes causas de invalidación. Aunque el número de firmas aceptadas fue suficiente para la inscripción inicial, este volumen de rechazos ha levantado sospechas sobre cómo se recolectaron los apoyos.

De la Espriella ha salido en defensa de su proceso. Ha asegurado que todas las firmas fueron auditadas internamente y que ha presentado recursos ante la Registraduría para impugnar las anulaciones. Además, argumenta que estos rechazos afectaron por igual a todos los aspirantes presidenciales.

Ahora el CNE pedirá a la Registraduría certificaciones detalladas sobre el total de firmas entregadas y las razones legales de por qué se anularon tantos registros. Este análisis será determinante para saber si hubo intención de fraude o si simplemente ocurrieron errores procedimentales comunes en campañas de esta magnitud. El proceso está aún en etapa probatoria y no hay una decisión definitiva sobre la candidatura, pero el reloj avanza hacia los comicios del 31 de mayo de 2026.