En los próximos meses, dos municipios chocoanos se convertirán en puntos de concentración para integrantes del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia. Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá fueron elegidos para recibir inicialmente a unos 400 combatientes de una organización que suma cerca de 9.000 integrantes. Se trata de zonas que el grupo criminal pactó con delegados del Gobierno durante negociaciones realizadas en Doha, Catar, en 2025.

Estos lugares funcionarían como Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), espacios donde los grupos armados se concentran temporalmente en procesos de negociación o sometimiento. Una tercera zona fue acordada en Unguía, en la frontera con Panamá, aunque por ahora no será activada. Según un comunicado conjunto de ambas delegaciones, "se adelantarán las labores correspondientes para la remisión de los listados y su recepción de buena fe por parte del Gobierno Nacional".

Lo que levanta más polvareda es el vacío legal. Sectores políticos, jurídicos y sociales advierten que aún no existe una ley que permita la desmovilización colectiva de organizaciones delictivas sin origen político, como lo es el Clan del Golfo. Aunque las delegaciones argumentan que la concentración está amparada en la Ley de Paz Total de 2022, sin un marco jurídico específico para el desarme, la operación queda incompleta. Durante todo el gobierno de Petro se presentó una única vez un proyecto de ley de sometimiento de bandas, el cual fracasó por falta de tiempo legislativo, y no volvió a intentarse.

La selección de estos municipios también genera interrogantes. Tanto Tierralta como Nuevo Belén de Bajirá han sido históricamente corredores clave para el tráfico de armas, drogas y combatientes entre regiones. Según reportes previos de medios especializados, en estos territorios los grupos criminales han ejercido control durante décadas, mientras los gobiernos locales operan con recursos limitados.

Otro detalle que no pasa desapercibido es la fecha fijada para la concentración: el 25 de junio, apenas después de la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Esto parecería asumir que el próximo mandatario respaldará el proceso. Las coordenadas exactas de los campamentos no han sido divulgadas públicamente, al argumentarse razones de seguridad.

El Gobierno ya ha anunciado siete Zonas de Ubicación Temporal para diferentes grupos armados, pero ninguna se ha activado efectivamente. Los obstáculos van desde deterioro del orden público hasta consultas con comunidades locales. Mientras tanto, la controversia crece: el país espera a ver cómo avanza un proceso de paz que, por ahora, marcha sin los blindajes legales que muchos consideran imprescindibles.