En Albania el conflicto laboral no da tregua. Lo que inició como una protesta se transformó en un paro indefinido que ya lleva once días consecutivos, con trabajadores del Consorcio Colectora Guajira bloqueando la vía La Cortica a la entrada de la vereda Nueva América. Los manifestantes denuncian una "masacre laboral" de parte de la empresa, que según su relato viene sacando personal local mientras llena los proyectos con trabajadores que llegan diariamente en buses desde otros municipios e incluso desde otros departamentos.

La indignación en la comunidad es palpable. Los líderes del paro han sido claros en su mensaje: no permitirán que desplacen a la gente de Albania de los proyectos que se ejecutan en su propio territorio. "No vamos a permitir que nos saquen de los proyectos que se hacen en nuestro patio", reiterad los manifestantes, asegurando que la situación se ha agravado en las últimas semanas.

El concejal Jean Carlos Jiménez se ha convertido en una de las voces más fuertes criticando la situación. Denunció una "vulneración sistemática y descarada" del derecho al trabajo de los albanieros y pidió la intervención urgente de la alcaldesa Nera Robles y del personero municipal, Allen Gil Larrada. Para Jiménez la injusticia es evidente: "Es injusto que nuestra gente, que vive y sufre las dinámicas del proyecto, sea desplazada por foráneos. Las autoridades deben garantizar que los beneficios de la energía se queden primero en las casas de Albania".

Mientras tanto, el corregidor de Policía de Cuestecita ha intentado mediar varias veces entre los manifestantes y los representantes del consorcio, pero sin resultados hasta ahora. Los trabajadores mantienen su posición firme: no levantarán el bloqueo hasta que se garantice el respeto por la mano de obra local y se detengan los despidos.

Los habitantes de Nueva América recordaron un factor que suma peso a su reclamo: serán ellos mismos quienes permanecerán en el territorio cuando los proyectos entren en operación, enfrentando las consecuencias ambientales, incluyendo la exposición a radiaciones eléctricas. Por eso exigen el respaldo decidido de los concejales, la Alcaldía y el secretario de desarrollo económico. Con once días de paro, la comunidad sigue adelante mientras espera que las autoridades entreguen una solución definitiva a este conflicto que no para de crecer.