A menos de dos meses de que termine su mandato, el presidente Gustavo Petro intenta materializar una de las iniciativas más controvertidas de su política de paz total: la instalación de una Zona de Ubicación Temporal para miembros del Clan del Golfo. Según lo previsto, este jueves 25 de junio llegarían 400 integrantes de la organización criminal a la zona de Tierralta, en Córdoba, como primer paso de un proceso que se negocia desde finales de 2025 cuando se pactó en Doha, Catar.

El plan contempla tres zonas de ubicación en Tierralta, Belén de Bajirá y Unguía, pero su ejecución ha sido un calvario burocrático. Lo que originalmente estaba fijado para el 1° de marzo de este año se aplazó porque la Fuerza Pública estaba concentrada en las elecciones legislativas. Ahora, cuando parece que por fin avanzaría, aparecen obstáculos por todos lados que ponen en entredicho si realmente llegará a concretarse.

El asesor jurídico del cartel, Ricardo Giraldo, lo describió como "un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes y las comunidades donde ellos tienen presencia (...). Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente". Pero la realidad es más complicada. Hasta ahora, el Gobierno no ha emitido un decreto que suspenda las operaciones policiales y militares contra el Clan del Golfo, algo que sí hizo la semana pasada con otro grupo armado, la CNEB, cuando movilizó 100 combatientes a una zona en Putumayo.

Los problemas legales se amontonan. Hace dos meses, la Fiscalía rechazó dos veces la solicitud presidencial para suspender órdenes de captura de 29 miembros de la organización. El argumento fue claro: falta de información detallada sobre cada solicitante y respeto a los tratados internacionales, ya que 13 de los implicados son buscados por tribunales estadounidenses. La Corte Suprema de Justicia respalda esa negativa.

Pero hay más. Noticias Caracol reveló este miércoles conversaciones de 2022 entre el entonces comisionado de paz Danilo Rueda y Luis Armando Pérez Castañeda, líder político del Clan. En esos diálogos, Rueda le prometía que frenarían bombardeos, solicitudes de extradición y despedirían oficiales de Inteligencia si aceptaban entrar al proceso de paz total.

Lo más grave es que no existe marco legal que permita la desmovilización colectiva de bandas y carteles, lo que deja todo en un limbo jurídico donde nadie sabe exactamente bajo qué reglas se juega. Y cuando creería que las cosas no pueden ponerse peor, aparece el relevo presidencial del 7 de agosto, cuando asume Abelardo de la Espriella, quien prometió en campaña acabar con estas negociaciones. Con tan pocas semanas en el reloj, los analistas dudan cada vez más que este proceso se materialice realmente.