Científicos exigen a candidatos compromisos climáticos concretos para próximo gobierno

Un grupo de expertos ambientales presentó una carta abierta a los candidatos presidenciales pidiendo pronunciamientos públicos sobre cambio climático y protección de ecosistemas. El documento plantea 12 compromisos mínimos e identifica crisis urgentes: deforestación acelerada en la Amazonía, crisis hídrica, minería ilegal y asesinatos de defensores ambientales. Los científicos advierten que mantener silencio sobre estos temas no es neutralidad, sino una decisión política con consecuencias ya documentadas.
Una plataforma de científicos, investigadores y profesionales ambientales lanzó una carta abierta dirigida a los candidatos presidenciales para el periodo 2026-2030. El documento, publicado por Biodiversos Colombia, cuestiona la ausencia de propuestas ambientales sólidas en la campaña electoral actual y pide que el próximo gobierno tome decisiones basadas en evidencia científica y criterios ecosistémicos. Los firmantes, expertos en biología, ecología, ingeniería forestal, hidrología y economía ambiental, afirman observar "con preocupación" que las agendas de los candidatos con mayor intención de voto no responden a la magnitud de la crisis ecológica y climática que enfrenta Colombia.
Los autores sostienen que la dimensión ambiental ha sido relegada en el debate político. Según la carta, el concepto de política ambiental ha sido sustituido progresivamente por discusiones sobre bienestar de animales domésticos, desplazando temas prioritarios como la conservación de biodiversidad nativa, protección de páramos, control de deforestación y manejo de especies invasoras. Los expertos presentan un paquete de 12 compromisos mínimos que incluye mantener las metas climáticas actuales de Colombia: reducción del 51 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y carbono-neutralidad en 2050. También solicitan la construcción de un Plan Nacional Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático con presupuesto, cronograma y responsables definidos.
El documento detalla las crisis ambientales que enfrenta el país. Colombia, considerada una nación megadiversa, alberga más de 80.000 especies y 331 tipos de ecosistemas, pero cerca del 37 por ciento de las especies de plantas evaluadas están amenazadas. En ecosistemas marinos, entre el 70 y el 80 por ciento de los arrecifes coralinos colombianos presentaron afectaciones durante el blanqueamiento masivo de corales ocurrido entre 2023 y 2024. La deforestación también es crítica: la Amazonía colombiana perdió más de 72.000 hectáreas de bosque en 2025, con un incremento del 6 por ciento frente al año anterior.
La crisis hídrica es otro aspecto central de la carta. Los científicos recuerdan el racionamiento de agua que vivió Bogotá entre 2024 y 2025 y las inundaciones en la región Caribe a comienzos de 2026, que obligaron al Gobierno a declarar emergencia económica, social y ecológica. Sostienen que Colombia "no sabe almacenar el agua cuando sobra, no la conserva cuando escasea y no la trata cuando la contamina". Además, el documento aborda la minería ilegal y la contaminación por mercurio, el tráfico de fauna silvestre y un problema grave: Colombia continúa siendo el país más peligroso del mundo para defensores ambientales, con 48 líderes asesinados o desaparecidos en 2024.
Un capítulo importante trata sobre especies invasoras, particularmente los hipopótamos del Magdalena Medio. Los investigadores respaldan medidas técnicas como esterilización, translocación y eutanasia contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin embargo, cuestionan lo que llaman la "captura animalista" de la política ambiental, argumentando que existe confusión entre bienestar animal y conservación ecosistémica. Critican también la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA) sin suficiente discusión técnica con la comunidad científica.
El llamado final de la carta insta a los candidatos presidenciales a pronunciarse públicamente sobre estos compromisos antes de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. Los firmantes aseguran que guardar silencio frente a estos temas "no es neutralidad", sino una decisión política con consecuencias ambientales y sociales ya documentadas por la ciencia. El mensaje es claro: en materia ambiental, la indiferencia también cuenta como una posición política.
Fuente original: El Tiempo - Vida