En sus apariciones públicas recientes, Iván Cepeda insiste en que no busca una Asamblea Constituyente sino un "acuerdo nacional". Pero cuando el candidato explica de qué habla, la propuesta comienza a parecerse bastante a lo que hizo Venezuela bajo el régimen de Hugo Chávez. Cepeda ha elogiado públicamente al exlíder venezolano como el "arquitecto de un nuevo orden" y a Nicolás Maduro como "digno sucesor", así que no se trata solo de coincidencias ideológicas.

En entrevistas con María Jimena Duzán y con Andrés Mompotes, director de El Tiempo, Cepeda explicó cómo sería su "acuerdo nacional". Según sus palabras, el día que fuera elegido presidente, él y su gobierno diseñarían una mesa de diálogo con "sectores que tienen la posibilidad de influir el destino de este país". Mencionó a los movimientos sociales, la sociedad civil, los sectores rurales, los económicamente poderosos y los políticamente decisorios. Pero aquí viene lo importante: cuando le preguntaron quién elegiría a esos participantes y cómo, Cepeda respondió que su gobierno consideraría "algunos otros que consideraremos para que se sienten o nos sentemos a discutir". En otras palabras, él y su administración decidirían quiénes se sientan en esa mesa, qué se discute y cómo se discute.

El mecanismo que Cepeda propone para implementar lo que acuerden es lo más parecido al modelo chavista. Explicó que al final del proceso podrían darle facultades extraordinarias al presidente para legislar por decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso. "Si todo el mundo está de acuerdo le da facultades al presidente de que se haga un paquete de decretos ley que tenga la fuerza de hacer válidos esos acuerdos", dijo Cepeda en la entrevista. Agregó que esto sería "más sencillo" que tramitar las cosas por el Congreso, que por su experiencia es "muy engorroso". Eso es exactamente lo que hizo Chávez con las llamadas leyes habilitantes: usó su dominio de la Asamblea Constituyente para que le autorizaran a gobernar por decreto, modificando profundamente la estructura del país sin pasar por los tiempos normales de aprobación legislativa.

El politólogo Camilo González señaló que "hay un estilo Chávez porque es el Congreso el que rinde su facultad de legislar en favor del presidente". Y aquí está el problema para Colombia: aunque Cepeda diera facultades extraordinarias con respaldo del Congreso (a diferencia de Chávez), las matemáticas políticas sugieren que podría obtener las mayorías necesarias. Sumando la coalición petrista más algunos legisladores indecisos, podría llegar fácilmente a los 56 senadores requeridos, y en la Cámara tiene aún mayor ventaja.

Lo que preocupa a muchos expertos es qué pasaría con los contrapesos democráticos en ese escenario. Cepeda ha manifestado que usaría esos decretos para tocar casi todos los frentes: salud, seguridad, reformas sociales, agricultura y tributaria. En Venezuela, Chávez siguió una ruta similar y fue concentrando poder hasta hacerse con las tres ramas del gobierno. El régimen modificó tierras, el sector pesquero y el petrolero, cambiando la vida de millones. Incluso, en 2007 usó una ley habilitante para decretar reformas que los propios venezolanos habían rechazado en referendo.

Lo más delicado es que una Constituyente o un proceso que termine modificando la Constitución de 1991 puede abrir riesgos impredecibles. Se sabe cómo comienza, pero nunca cómo termina. Y aunque el cambio suene atractivo en algunos temas, está en juego toda una estructura de derechos que la Carta Magna garantiza: la tutela para reclamar derechos fundamentales, el derecho de petición, el libre desarrollo de la personalidad. Son herramientas que muchos colombianos dan por sentadas, pero que algunos países no tienen.