Gustavo Petro se irá de la Casa de Nariño en los próximos meses, pero su influencia política podría permanecer. Su candidato, Iván Cepeda, lidera las encuestas y anticipa una continuidad de las políticas del actual gobierno. Petro mismo ha reactivado en sus últimos meses de mandato la idea de convocar una Constituyente para sacar adelante sus reformas, una línea que Cepeda también considera viable.

El candidato presidencial ha colocado en el centro de su campaña el concepto de "acuerdo nacional". Dice que partirá del diálogo con todos los sectores, incluso con sus críticos del uribismo, buscando construir consensos amplios antes de implementar cambios. Sin embargo, cuando se pregunta cómo esos acuerdos se convertirían en normas concretas, la propuesta se complica.

Cepeda sostiene que no comenzaría con imposiciones, sino con invitaciones al diálogo. "Va a comenzar un camino de un acuerdo, mal haría en comenzarlo con una amenaza. Sentémonos a hablar y vemos", aseguró en entrevista con El Tiempo. Afirma tener experiencia en procesos de concertación y confía en que es posible encontrar puntos de acuerdo incluso entre posiciones contrarias: "He visto y he participado en esos procesos de diálogo. Sé cómo se hacen los acuerdos... entre gente que está en posiciones totalmente distintas, diametralmente opuestas (...) Hay muchas heridas, muchos problemas, muchos prejuicios... pero creo yo que incluso en esa otra orilla hay también un amor por este país".

El problema de fondo surge cuando se pasa de las palabras a los hechos institucionales. ¿Cómo se vuelven ley esos acuerdos? Cepeda menciona dos caminos: reformas constitucionales o legales ordinarias, pero también plantea una ruta más rápida. Según sus palabras, si existe consenso, podría buscarse que el presidente reciba facultades para expedir "un paquete de decretos ley, que tengan la fuerza de hacer válidos sus acuerdos". Incluso califica este método como más eficiente: "Si es así, no hay ningún problema. Es más sencillo aún". El candidato rechaza el trámite legislativo tradicional al considerarlo "muy engorroso" por su experiencia.

Ahí está el nudo de la cuestión. La frase "si todo el mundo está de acuerdo" deja demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién define que efectivamente todos estén de acuerdo? ¿Qué sectores se sientan en la mesa de negociación y cuáles quedan por fuera? Cepeda habla de convocar a los sectores "más representativos" y a los que considere relevantes, pero no especifica quién decide esos filtros ni bajo qué criterios. Esto es fundamental: una cosa es dialogar, y otra muy distinta es que de ese diálogo salgan leyes emitidas por decreto presidencial sin pasar por el Congreso.

Este modelo no es nuevo. El expresidente venezolano Hugo Chávez utilizó leyes habilitantes que le permitieron gobernar por decreto en varios ámbitos. Con ese mecanismo fue concentrando autoridad en el Ejecutivo y sacando adelante transformaciones profundas sin los trámites legislativos tradicionales. El peligro no es hipotético: la concentración de poder ejecutivo genera interrogantes sobre qué sucede con los contrapesos institucionales cuando un gobierno puede actuar sin el filtro del Congreso.

Cepeda tampoco cierra la puerta a una Constituyente, aunque insiste en que no sería el punto de partida sino el resultado final de un proceso de acuerdos previos. "Puede ser que al final de ese camino, no al comienzo, sino al final, nos pongamos de acuerdo en que hay unos temas pactados, y viene un asunto que es cómo se implementa", explicó. La Constituyente tendría, según él, ventajas de mayor concertación pero también desventajas que no especifica.

Entre los temas que podrían entrar en ese acuerdo nacional están la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, negociaciones con otros grupos armados, protección de líderes sociales, lucha contra la corrupción, transición energética y reforma rural. Es un paquete que toca seguridad, economía y transformaciones sociales de envergadura.

El debate real ya no es si dialogar o no dialogar, que eso parece obvio. La discusión que importa es cómo se transforman esos consensos en reglas concretas y cuánto poder termina concentrándose en manos del Ejecutivo en ese proceso. Esas respuestas aún están pendientes.